Vamos a tener un evento en el hall de la Casa Grande del Pueblo porque es un acto muy importante para escuchar el mensaje que brindará el mandatario Luis Arce Catacora al pueblo boliviano, aseguró la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
La vicetitular explicó a través de la televisión que a diferencia de otras ocasiones en que esa solemnidad transcurrió en el edificio de la Asamblea Legislativa, este año será en la sede del Ejecutivo con una concurrencia reducida de invitados para evitar contagios con el coronavirus SARS-CoV-2.
Al tomar el mandato en noviembre de 2020, Arce heredó del gobierno de facto una economía contraída en -8,83 por ciento, y ya en junio de 2021 Bolivia logró un crecimiento de 9,96 puntos porcentuales respecto a igual etapa del período precedente, según el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
En el primer año trascurrido desde que las llaves de la Casa Grande del Pueblo cambiaron de manos, las exportaciones hasta noviembre de 2021 lograron un saldo de 10 mil 23 millones de dólares, lo que aportó un saldo favorable de mil 729 millones.
Las empresas públicas generaron más de tres mil empleos directos y 20 mil indirectos, además de garantizar recursos para programas sociales, entre ellos el equivalente a más de nueve millones de dólares para el Bono Juancito Pinto, que tiene como objetivos incrementar la matrícula escolar, reducir la deserción y la transmisión intergeneracional de la pobreza.
En el enfrentamiento a la cuarta ola de la pandemia de Covid-19, en tanto, Bolivia alcanzó una reducción de la letalidad del 6,2 en 2020 al 0,6 por ciento en la actualidad, según el Ministerio de Salud y Deportes.
Por otra parte, desde su toma de posesión el 8 de noviembre de 2020, Arce enfrentó diversas protestas promovidas por la oposición que, mediante la manipulación mediática del contenido de algunas iniciativas y normativas lograron confundir y arrastrar a gremialistas y algunos sectores populares.
Tal es el caso de la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, la cual fue derogada en noviembre en medio de fuertes protestas.
Más recientemente, generaron descontento los decretos supremos 4640 y 4641, los cuales establecen protocolos de bioseguridad y el carnet de vacunación como documento oficial.
Ante la demanda de sectores “antivacuna” y del Pacto de Unidad que aglutina a los movimientos sociales partidarios del Gobierno, la implementación de lo establecido en esas últimas normativas también quedó suspendida hasta que concluya la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, según informó Salud y Deportes.
Frente a esta realidad, Arce convocó en reiteradas ocasiones a los movimientos sociales a permanecer organizados y movilizados para impedir el quebrantamiento del orden constitucional.
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