Unas 24 horas después de que el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, informara a la nación sobre el fin de negociaciones con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum Mineral, el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería lo consideró irregular.
En una declaración, los activistas precisaron que los resultados de las negociaciones desde septiembre del 2021 son minúsculos en materia ambiental y laboral.
También señalaron que la comisión nombrada por el Gobierno para evaluar el contrato de concesión no fue constituida legalmente y solicitaron al Parlamento revisar ese texto antes de su aprobación o rechazo.
De acuerdo con Panamá Vale Más Sin Minería, el Ejecutivo desconoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 2018, que declaró el anterior contrato con Minera Panamá como inconstitucional.
El nuevo contrato estipula que el Estado panameño reciba ingresos superiores a los 400 millones de dólares, considerando el precio actual de la libra de cobre. La propuesta también garantiza que Panamá reciba un ingreso mínimo de 375 millones al año, cifra que supera 10 veces lo recibido anteriormente por el Estado.
La mina de Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, es la inversión privada más grande del país, con seis mil 700 millones de dólares y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos.
Pero para el grupo ambientalista, el nuevo contrato sigue desconociendo la inmensa riqueza natural y cultural que se destruye en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad de toda la región.
En los últimos siete días también el Ministerio Público y la Policía Nacional informaron que las últimas dos operaciones contra grupos criminales dedicados al narcotráfico se inscriben entre los más duros golpes este año a ese flagelo.
De acuerdo con un reporte oficial, como parte del Operativo Chivo detuvieron a funcionarios e interceptaron cargas que salían hacia Europa desde puertos del país canalero.
En la acción, precisó el documento, arrestaron a seis agentes involucrados con el delito del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y un funcionario de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Otros detenidos son exagentes de seguridad del Ministerio Público, uno del puerto y tres funcionarios por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.
El grupo de apresados asociados al grupo criminal tiene nexos con otro decomiso de drogas que ocurrió en España, que salió desde Panamá a través de uno de sus puertos.
La semana que concluye está signada además por el auge de casos de la Covid-19, en medio de una cuarta ola pandémica y pese a esfuerzos de las autoridades sanitarias por acelerar la vacunación, incluidos menores entre cinco y 11 años de edad, de cara al inicio del curso escolar el próximo 7 de marzo.
De conjunto con alcaldías y gobiernos locales, también se ha propuesto la suspensión de tradicionales eventos masivos, el más reciente de ellos el Carnaval de la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.
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