El pasado miércoles, un carro bomba detonó en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, que ocasionó daños físicos a los edificios del Terminal de Transporte y otras instancias y produjo la muerte de una persona de vigilancia.
La detonación afectó también al Edificio Héctor Arilo, que al parecer era el objetivo principal del atentado dado que allí se encontraban líderes de distintas organizaciones sociales del territorio, cinco de los cuales resultaron heridos.
Ayer, la policía confirmó el hallazgo de una bomba lista para activar en Casa Alternativa, en esta capital, un emprendimiento productivo liderado por firmantes de paz, en la cual se cumplen actividades preelectorales
El artefacto explosivo fue encontrado en uno de los baños de la citada instalación donde funciona un restaurante, sitio en el que el jueves se realizó una actividad del Pacto Histórico, y el viernes se celebraría con jóvenes del Partido Comunes.
Tal hecho fue condenado por militantes y simpatizantes de esa fuerza política en un acto en el citado lugar donde los participantes manifestaron el compromiso con la paz en Colombia y el rechazo a ese tipo de hechos que perpetúan el estado de guerra que busca, además, amedrentar a la población cuando falta apenas poco más de un mes para las elecciones legislativas.
Por otro lado, la cifra de masacres contra la población colombiana llegó a la número 10 en apenas tres semanas del nuevo año, en tanto el número de líderes sociales asesinados ascendió a nueve en igual período, situación que refleja la espiral de violencia que vive esta nación suramericana.
El departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, es uno donde es más grave la situación de violencia debido al enfrentamiento de grupos armados presuntamente entre las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y frentes del Ejército de Liberación Nacional.
Ante este panorama, agudizado desde los primeros días de 2022, el Sistema Integral para la Paz hizo un llamado urgente este viernes, al Gobierno colombiano a propiciar o facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos en el recrudecimiento del conflicto en Arauca.
Enfatizó en un comunicado que durante estos 20 días del 2022 se han presentado al menos 34 homicidios; se han recibido 269 declaraciones de desplazamiento forzado, con un aproximado de mil personas desplazadas; dos secuestros, de confinamiento de comunidades indígenas.
Además, de amenazas generalizadas a líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal y riesgos para las personas en proceso de reincorporación, agregó.
Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado, y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia, alertó.
Subrayó que se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, y la agudización de esta situación lleva a una reflexión sobre los motivos y las condiciones de la persistencia de la confrontación armada.
«El abandono estatal, la corrupción, los problemas de la tierra y el territorio, las economías ilegales y una democracia debilitada mantienen vivas las situaciones de violencia”, remarcó.
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