La diligencia se cumplió a un mes de la suspensión de la audiencia preparatoria de juicio para los investigados de ser parte de una supuesta red estructurada de corrupción.
Entre los procesados constan además Mauricio Orellana (exgerente de Refinación de la empresa petrolera), Pedro Saona, Andrés Luque, Angelo Rodríguez y Álvaro Jorge de Guzmán (empresarios), Natalia Cárdenas (exfuncionaria de Petroecuador) y Adolfo Agusto Briones (hermano del exsecretario general de la presidencia de la república José Agusto Briones).
La Fiscalía acusa a Celi y Flores de líderes de actos de delincuencia organizada, cuya pena podría ser de entre siete a 10 años de cárcel.
El resto es indagado en calidad de colaboradores, con posibles sentencias de cinco a siete años de privación de libertad.
De acuerdo con los elementos expuestos, en el período de 2017 a 2020, directivos del gobierno, con ayuda de funcionarios de instituciones públicas y entes privados públicos consolidaron una red que les permitió obtener beneficios económicos, a partir de infracciones.
Según indica la Fiscalía, el caso Las Torres responde a investigar el funcionamiento de una estructura criminal en Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la Secretaría General de la Presidencia en el período antes mencionado.
Gestión y cobro de sobornos a contratistas del estado, como la compañía Nolimit, a cambio del pago de facturas atrasadas y el desvanecimiento de glosas, son algunas de las operaciones presuntamente realizadas por el grupo.
Inicialmente, José Agusto Briones era parte del proceso, pero murió murió en la Cárcel 4 de Quito, en mayo del año pasado, en un presunto suicidio.
Mientras, Celi y Flores cumplen prisión preventiva desde el 13 de abril último.
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