“El 10 de febrero inicia un juicio y no debiera durar años ni meses, sino semanas porque es un caso sólido, bien fundamentado”, aseguró Lima en entrevista al canal Bolivia TV.
Enfatizó en la necesidad de debatir frente a un tribunal y los jueces si en la nación andino-amazónica hubo un golpe de Estado y graves violaciones de los derechos humanos.
Lima deploró que el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, obstaculicen la justicia a través de las bancadas que controlan en la Asamblea Legislativa y se nieguen a impulsar un proceso contra quien llegó a la Presidencia mediante la ruptura del orden constitucional.
El 10 de febrero inicia el juicio por el Golpe de Estado II. A las 09:00, hora local, comienza un proceso porque hicimos lo que dice la Constitución y el Código (de Procedimiento Penal), investigación, derecho a que todos presenten sus pruebas, precisó el ministro.
Al referirse a los militares y policías involucrados en la deposición del exmandatario Evo Morales, sostuvo que tendrán todas las garantías que corresponden al debido proceso.
En el caso denominado Golpe de Estado II aparecen imputados la exgobernante de facto y los exmandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, y tiene que ver con la toma de la jefatura del Senado, acción que luego derivó en la autoproclamación de Áñez como jefa de Estado.
Lima insistió en las críticas a Mesa y a Camacho, jefe de Creemos, por obstruir en la cámara legislativa las iniciativas acusatorias contra la exgobernante encarcelada.
“Nosotros presentamos cinco proposiciones acusatorias a la Asamblea que no están avanzando por la obstaculización a la justicia de Mesa y Camacho. No podemos quedarnos esperando y no lo vamos a hacer”, indicó.
Golpe de Estado II enjuicia a Áñez y otras ocho personas que integraron su gobierno transitorio por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a otras leyes, así como por el incumplimiento de deberes.
Tras la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019, en medio de la represión golpista contra sus colaboradores con el pretexto de un fraude en las elecciones del 20 de octubre, la entonces senadora se proclamó primero titular del Senado y después mandataria, en sendos actos en la sede de la Asamblea.
Al autodesignarse con el argumento de que este país vivía “un vacío de poder”, Áñez ignoró en ambos casos la inexistencia del quórum reglamentario y la ausencia de la bancada del Movimiento al Socialismo, que en esa fecha tenía el 66 por ciento de los curules.
De acuerdo con las leyes de Bolivia, los procesados pueden ser condenados a penas de hasta 12 años.
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