En un análisis efectuado en Casa Presidencial, jerarcas de los ministerios de Salud, Seguridad Pública, Agricultura y Ganadería, y de la Presidencia, así como del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) detectaron una serie de problemas en la propuesta de Ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial.
De acuerdo con ellos, el texto sancionado en segundo y definitivo debate por los diputados y en manos del Ejecutivo para su aprobación presenta problemas que van desde riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana, incompatibilidades con la normativa ya existente en la materia y roces con convenios internacionales asumidos por el país.
La titular de la Presidencia Geannina Dinarte reiteró que «tras un análisis exhaustivo del texto, el Poder Ejecutivo apoya su potencial para la reactivación económica y sus efectos positivos en la salud».
No obstante, apuntó, durante este análisis los equipos de las instituciones han encontrado aspectos que generarían efectos perjudiciales para la salud pública y la seguridad ciudadana, aspectos que, por fortuna, se pueden revolver para la firma y vigencia de la ley.
El Ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado aseguró que una vez corregidas sus falencias, los productores nacionales podrán insertarse al mercado, pues ven la industrialización y producción de cáñamo y cannabis medicinal como una gran oportunidad para los productores nacionales.
Pero para que esta producción sea exitosa es necesario que se dé con los más altos controles de salud, seguridad y fitosanitarios.
El jerarca de Salud Daniel Salas sostuvo que la iniciativa legal aprobada trata la planta como un medicamento, sin cumplir los parámetros científicos ni médicos mínimos para catalogarla como tal.
Ello, subrayó, resulta altamente riesgoso para la salud pública, ya que se asume que la planta por sí misma, sin importar cómo sea consumida por la persona, tiene efectos terapéuticos o medicinales, y eso no es así.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública Michael Soto explicó que si el cultivo de las plantas y el desarrollo del medicamento se da por profesionales y científicos expertos, no existe tanto riesgo y su regulación es completamente viable.
Sin embargo, alertó que el autocultivo y el autoconsumo generarían una proliferación de cultivos que dificultaría las acciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes y contra el crimen organizado.
Finalmente, el director del ICD, Sergio Rodríguez, aseveró que una vez hagan compatible lo establecido en instrumentos internacionales sobre el tetrahidrocannabinol (THC), y lo estipulado acerca del cultivo de la planta cannabis en sus diferentes variedades, el país cumpliría con estas normas mundiales.
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