El Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Jasmin Barrios, impuso 30 años de prisión inconmutables a los acusados Bernardo Ruíz Aquino, Bembenuto Ruíz Aquino, Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado, quienes escucharon los argumentos mediante una videollamada desde la prisión de Fraijanes.
Los hechos se remontan a los años de 1980 a 1983 del conflicto armado, periodo en que los antiguos miembros de las llamadas PAC violaron y abusaron a 36 mujeres que vivían en los alrededores del destacamento militar de Rabinal en el departamento de Alta Verapaz.
Ellas tenían entre 12 y 53 años de edad y muchas ya habían perdido a sus esposos, padres, hijos o hermanos, luego de una ejecución extrajudicial o una desaparición forzada.
Durante las audiencias, iniciadas el 5 de enero, se escucharon los testimonios de las distintas partes y de los peritos, quienes explicaron cómo la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra y no como un botín de guerra.
Esta práctica se institucionalizó para someter a las mujeres achí, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad», precisaron.
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Según contó la abogada Lucía Xiloj, cuando se decidieron a hablar de violencia sexual, los testimonios empezaron a caer en cadena; primero se presentó una denuncia por parte de 11 víctimas en noviembre de 2011 y luego se sumaron otras más llegar a 36.
Tenían entre 12 y 56 años, cuatro de ellas eran menores de edad, solo cinco saben leer y escribir, y 33 vivían en situación de pobreza.
«Vimos el mismo patrón, primero empezó la violencia sexual en las casas de las mujeres entre 1980 y 1981 y luego la modalidad cambia a llevarlas al destacamento militar y después en la misma aldea modelo», explicó la defensora durante el juicio.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) define a las PAC como grupos civiles organizados a inicios de los años 80 «coercitivamente por la institución armada, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y controlar las comunidades. Creemos firmemente en los testimonios de las mujeres, valoramos y respetamos el valor individual de cada uno de ellos”.
En abril de 1983, el gobierno de aquel entonces reconoció legalmente a estos grupos a partir del Acuerdo Gubernativo 222-83 que creó la Jefatura Nacional de Coordinación y Control de la Autodefensa Civil.
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