La solicitud, promovida por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta, en conjunto con el Comité de la Democracia Nacional como Internacional, pareciera ser la salida viable para sacar a Nicolás Maduro del poder.
Si bien el tema del revocatorio contra el jefe de Estado se maneja desde 2016 por parte de la oposición, expertos locales aseguran que el rumbo político del país no ha sido muy favorable para ellos, sobre todo en los últimos dos años tras las opciones democráticas electorales y de diálogos promovidas por el Gobierno.
La pérdida de la mayoría de las bancadas en la Asamblea Nacional y posteriormente de las gobernaciones y alcaldías durante las llamadas megaelecciones de noviembre, pusieron sobre la mesa nuevamente esta opción, aparentemente factible.
El revocatorio es un mecanismo estipulado oficialmente tras la Reforma Constitucional de 1999, el cual suscitó en su momento un amplio debate en el seno de la Asamblea Constituyente, hasta ser aprobado con la inclusión del artículo 72.
Sobre la base de esa legalidad establecida y en respuesta a ello el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela decidió la pasada semana aceptar las solicitudes y designó mil 200 centros para recolectar firmas para aprobar el revocatorio, las cuales se activarán el próximo 26 de enero.
Pero lo que parecía una jugada maestra para derrocar definitivamente al Gobierno bolivariano, ya no parece tan buena idea y como es norma dentro de las filas de una derecha sumamente dividida, los tira y encoge salen a flote por estos días.
Un simple análisis matemático del proceso demuestra que la solicitud de un referendo revocatorio bien podría convertirse en un boomerang para sus promotores.
El plazo, legal, estipulado por el ente comicial para la recogida de las rubricas será de 12 horas el próximo miércoles, durante las cuales deberá firmar no solo la mayoría del electorado, sino además alcanzar al menos el 20 por ciento de los votos de los inscrito en cada estado, de no ser así quedaría anulada la solicitud.
Aunque es bastante improbable si la oposición logrará sobre todo superar sus diferencias y alcanzar los votos necesarios e iniciará el revocatorio, entonces los cálculos serían otros.
De acuerdo con las cifras oficiales, Maduro ganó las elecciones del 2018 con seis millones 248 mil 864 votos, según lo estipulado, quienes impulsan esta iniciativa deben tener el voto favorable del 20 por ciento del registro electoral nacional actual.
En caso de aprobarse el inicio del proceso, deberá ser usado el registro establecido y auditado para las Elecciones Regionales y Municipales, oficialmente en 20 millones 929 mil 987, lo cual implica que deberían obtener cuatro millones 185 mil 997 votos.
Al mismo tiempo, para que el procedimiento sea válido, la legislación local establece que tienen que asistir a votar, como mínimo, el 25 por ciento de electores, si el número es menor de cinco millones 232 mil 496, el referendo queda sin efecto y no es válido, así pierda el mandatario en los resultados electorales.
A ello se suma que de lograr las cifras anteriores, deberán además superar los votos que sacó el presidente en la elección del 2018, según establece el artículo ya mencionado.
Si finalmente lograran un voto más por encima de los que él obtuvo al ser elegido, quedará revocado y se convocaría una elección en 30 días, pero según el artículo 233 de la Constitución quien asumiría sería la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
En ese caso le queda al Gobierno una oportunidad para alargar el proceso y llegar a 2023, el jefe de Estado sería revocado, pero Rodríguez termina el mandato, solo lograrían sacar a Maduro, no se quedan con la presidencia, ni hay elecciones adelantadas, de acuerdo con especialistas en el tema.
En cualquiera de esos escenarios muy pocas probabilidades tiene la oposición de ganar y su derrota no solo significaría una consolidación del apoyo popular, sino además una legitimización del presidente Constitucional.
Sin contar que, el solo hecho de que el CNE accediera a las solicitudes e iniciara un proceso participativo para su aprobación demostraría una vez más al mundo sobre las garantías de la democracia del proceso bolivariano, cuestionada por algunos gobiernos y tan manipulada por los grandes medios.
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