La medida de presión contra el Gobierno de Alejandro Giammattei tiene lugar después de una prórroga de seis meses más para la entrada en vigor del acuerdo 17-2020, el cual incluye el «Reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano y de pasajeros».
Giammattei anunció el pasado viernes una extensión del plazo, la cuarta desde su aprobación por el expresidente Jimmy Morales, pero sectores inconformes anunciaron que irían a un paro nacional indefinido hasta resolver de raíz el problema.
Los cierres incluyen las Rutas a suroccidente, la Nacional-01, la CA-10, 1, 13 y 14, así como la Franja Transversal del Norte, la Cito-Zarco y la Interamericana en kilómetros clave en el flujo de entrada y salida hacia esta capital.
En un comunicado, el Ejecutivo justificó el sábado último la ampliación de la entrada en vigor de la Ley como resultado de un diálogo continuo con las autoridades del Ministerio de Gobernación y los sectores de transportistas, municipalidades y representantes de afectados por accidentes de tránsito.
Entonces, las autoridades confirmaron que las conversaciones continuarían en febrero, marzo y abril con el fin de establecer medidas de seguridad vial en beneficio de la población guatemalteca.
Sin embargo, conductores del transporte de carga y urbano de pasajeros argumentaron la imposibilidad de asumir los altos costos que exigen las aseguradoras, debido a la situación económica generada por el impacto de la pandemia de la Covi-19.
La protesta nacional ocurre en un contexto de alza de incidentes viales desde septiembre del pasado año y en la primera semana de enero con saldo de 262 hechos, 134 víctimas mortales y 662 heridos con participación del gremio.
Según voceros de las asociaciones participantes, si no se llega a un acuerdo definitivo, los bloqueos continuarán durante toda la semana, con lo cual el caótico tránsito diario será un verdadero infierno.
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