De acuerdo con la fuente, se trata de la segunda etapa de la Operación Fisher, de diciembre último, el más duro golpe dado en 2021 al crimen organizado, cuando desarticularon una célula asociada al Clan del Golfo, de Colombia.
La justicia quedó a cargo de desenmascarar los tentáculos financieros de la organización criminal, a la que decomisaron unos 10 millones de dólares y cuantiosos bienes y viviendas.
Entre los nuevos aprehendidos hay cuatro empleados públicos y dos empresarios extranjeros que colaboraban con la compra de bienes en efectivo para introducir el dinero ilegal en el sistema financiero del país canalero, llamados criminales de cuello blanco.
El Director de Investigación Judicial, Carlos Valencia, precisó que este nuevo grupo se une a los primeros 51 aprehendidos, identificados como el brazo logístico operativo del grupo que apoyaba en las tareas de tráfico, sicariato y almacenamiento de la droga.
Entre los detenidos se encuentra un hermano del cabecilla de la banda, Jorge Luis General, precisó una fuente policial al diario La Estrella de Panamá.
Según Valencia, todos los bienes fueron adquiridos durante la pandemia de Covid-19 y registrados a nombre de terceros o testaferros, personas naturales o jurídicas que están vinculadas al blanqueo de capitales fruto del narcotráfico.
La estructura estaba dedicada a recibir estupefacientes procedentes de Colombia que ingresaban por la costa del Atlántico, por donde entra más del 40 por ciento de la droga procedente del país vecino.
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, dijo a la prensa el pasado año que este operativo significó un duro golpe para la banda dedicada a traficar sustancias ilícitas desde Colombia hacia las costas de las provincias panameñas Colón y Bocas del Toro, y de ahí a Estados Unidos.
Sobre el Clan del Golfo, Pino precisó que “tenía un control absoluto de todas las actividades del narcotráfico y rutas hacia Centroamérica, donde han consolidado importantes alianzas con células del crimen en Panamá, Costa Rica y Honduras».
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