Desde una perspectiva general, los parlamentarios votaron a favor de ambas iniciativas relacionadas con las prerrogativas de acción popular y de petición individual, indistintamente, tras infructuosos intentos de fusionar los contenidos en un cuerpo legal único.
La primera normativa fue propuesta por el poder Ejecutivo, en manos del Movimiento Popular de Liberación de Angola, y la segunda partió del grupo parlamentario de la opositora Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita).
Sin ninguna abstención, el Proyecto de Ley de Derecho a la Acción Popular recibió 164 votos favorables y uno en contra, mientras el referido al Derecho de Petición fue aprobado por unanimidad.
Al argumentar la visión del Gobierno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Francisco Queiroz, aseguró que el texto sobre Acción Popular pretende fortalecer el Estado democrático y el ejercicio de la ciudadanía.
En tanto, el diputado Diamantino Mussokola señaló que la formulación expuesta por la Unita está vinculada de manera directa al reforzamiento de la capacidad de los ciudadanos para formular quejas, denuncias y plantear problemas de su interés con el propósito de resolver el asunto objeto de la petición.
Los derechos de acción popular y de petición, denuncia y queja están consagrados en los artículos 74 y 73 de la Constitución de la República, respectivamente.
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