Al mismo tiempo, nuevos elementos desmintieron los alegatos de la empresa española que buscan aminorar su responsabilidad en el desastre ambiental, al punto que un diario local afirma que Repsol es protagonista, además, de “un derrame de mentiras”.
El Poder Judicial alista su decisión sobre el pedido de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, de impedir la salida del país por 18 meses, del presidente español de Repsol en Perú, Jaime Fernández Concha, por su eventual responsabilidad en lo sucedido.
El fiscal que investiga el derrame de al menos seis mil barriles de petróleo, del 18 de febrero, Ariel Tapia, pidió también el arraigo, con el mismo fin, de los ejecutivos de la empresa Renzo Tejada, Gisela Posadas y Jose Reyes.
Tapia desarrolla una investigación preliminar a los nombrados por presunto delito ambiental en la modalidad de contaminación, por el mayor desastre ambiental petrolero de la historia, ocurrido frente a las playas del norte de Lima, cuando un buque tanque descargaba crudo para la refinería La Pampilla, de Repsol.
Entretanto, se difundió el testimonio del capitán del barco Mare Doricum, Giacomo Pisani, que se suma a los desmentidos de autoridades y testigos a las versiones de la empresa sobre lo sucedido.
Pisani declaró a una delegación de ministros que llegó al barco -inmovilizado preventivamente- que Repesol-Perú le ocultó la real magnitud del derrame e intentó responsabilizarlo por el mismo, al afirmar que el Mare Doricum había colisionado con el terminal flotante multiboyas, lo que supuestamente causó el desastre.
El capitán entregó copias de su carta de protesta que desmiente rotundamente esa afirmación y señaló que desde el primer momento, la compañía la empresa no actuó diligentemente para evitar la expansión del crudo derramado.
Según el marino, Repsol le mintió al afirmar que tenía controlada la situación y lo cierto es que las acciones de la empresa no fueron las atinadas pues la barrera de contención del petróleo no tenía la extensión suficiente para rodar a toda la embarcación.
Pisani declaró ante los ministros del Ambiente, Produce y Comercio Exterior, y ante el parlamentario y científico Edward Málaga.
Desmintió la afirmación de Reposol, de que la rotura del ducto de suministro de petróleo se rompió por un fuerte oleaje que atribuyó a la erupción de un volcán submarino en Tonga, pues el mar estaba completamente tranquilo, lo que antes aclararon la Marina peruana y veleristas que participaban en una competencia.
De otro lado, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, señaló que han comenzado a expirar los plazos dados a Repsol para la limpieza del crudo y otros trabajos y el Estado peruano y el incumplimiento dará lugar a multas que pueden alcanzar en total el equivalente de más de 36 millones de dólares en la zona del desastre
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