La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró «improcedente» la demanda del abogado Nelson González, quien alegó que la normativa violaba el artículo 85 de la Constitución.
El jurista alegó que la Asamblea Legislativa (Parlamento) apenas tuvo cinco horas para discutir una normativa que modificó de manera estructural la política monetaria de El Salvador, un tiempo que consideró insuficiente.
Los magistrados de la Sala resolvieron que el abogado no proporcionó datos objetivos que permitan aseverar que el tiempo para el debate parlamentario de la Ley Bitcoin fue insuficiente.
Además, la Sala negó que la omisión de la participación de sectores públicos y privados en la discusión de la Ley Bitcoin supusiera un vicio en el proceso de formación de la normativa.
La entrada en vigor de la Ley Bitcoin el pasado 7 de septiembre dividió a la sociedad salvadoreña entre quienes lo consideraron una apuesta futurista, y quienes alertan sobre su potencial delictivo y volatilidad.
Su aprobación estancó la negociación con el FMI de un préstamo de mil 300 millones de dólares, y el organismo financiero instó al gobierno salvadoreño a revocar la medida por sus riesgos para la economía y las finanzas públicas.
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