Esa sentencia, de acuerdo con el excombatiente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y dirigente del hoy Partido Comunes, Pastor Alape, es una reafirmación de que el Acuerdo de Paz es parte de la Constitución, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento para el gobierno.
«Hay que subrayar que el Acuerdo es de obligatorio cumplimiento para los gobiernos y no pueden manipularse con interpretaciones amañadas de ningún gobierno», subrayó.
Además, la decisión de la Corte Constitucional nos llena de aliento porque ordena enderezar las acciones de Estado en su obligación de la protección a firmantes de paz, independiente del Ejecutivo de turno, recalcó Alape.
«La Corte deja claridad que la llamada ‘paz con legalidad’ es una figura efectista del discurso populista y autoritario del gobierno actual para justificar el incumpliendo a su deber constitucional de implementar integralmente el Acuerdo de Paz», enfatizó.
Agregó que el Estado de Cosas Inconstitucionales deja suficiente claridad en que los tiempos para implementar el Acuerdo de Paz debe extenderse a tres períodos constitucionales dado que durante estos cuatro años de gobierno del partido Centro Democrático no hubo compromiso de gobierno en su implementación.
Por su parte, el representante a la Cámara del Congreso del Partido Comunes Sergio Marín, en entrevista con Prensa Latina señaló que, en términos de la historia de los fallos de la Corte, este en particular podría caracterizarse de inédito.
Sobre todo, puntualizó, porque no solo dice que hay una violación flagrante a los derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz como ha dicho en otras ocasiones, sino que da una serie de órdenes con mucha concisión.
Este fallo se refiere a la violación masiva de derechos y crisis humanitaria, por la falta de seguridad para los exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil.
En tal sentido, la Sala Plena de la Corte, ordenó al Estado y gobierno colombianos a garantizar la seguridad de los excombatientes firmantes de paz.
Al mismo tiempo indicó la creación en un plazo de dos meses de una sala de seguimiento que verifique las órdenes dictadas en este fallo para la materialización del componente de garantías de seguridad contenido en el Acuerdo de Paz, alcanzado en 2016 entre las extintas FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado.
Noruega y Cuba fueron los países garantes del Acuerdo Paz, cuyas negociaciones y diálogos tuvieron lugar en la Habana del 2012 al 2016.
Ayer, los garantes de Cuba y Noruega del convenio instaron a cumplir lo pactado para que, con medidas realmente efectivas, se detenga el alarmante número de asesinatos de exguerrilleros colombianos y se garanticen sus derechos.
En una declaración conjunta firmada por Eugenio Martínez, director general de América Latina y El Caribe el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y Jan Otto Brodholt, representante especial del Reino de Noruega, hicieron el llamado tras conocer un reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia sobre la inseguridad de los exguerrilleros.
De acuerdo con el Observatorio de Derecho Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 48 exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reintegrados a la vida civil fueron asesinados en 2021, y 299 desde la firma del Acuerdo, en septiembre de 2016, a la fecha.
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