A solo unos días de que la Corte Constitucional declarara el Estados de Cosas Inconstitucionales ante la falta de garantías de seguridad para los exguerrilleros por parte del gobierno, fue perpetrado el crimen contra el excombatiente, quien integraba la cooperativa multiactiva Esperanzas de Paz, en el casco urbano de Saravena, departamento de Arauca.
La Defensoría del Pueblo emitió en 2019 una alerta temprana para los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame, la cual tiene un seguimiento de actualización del riesgo que fue publicado en diciembre de 2020.
En dicho reajuste, la entidad señaló que las medidas tomadas en protección de los derechos de las comunidades y sus representantes son insuficientes y no obedecen a las particularidades del territorio.
Por lo cual, líderes sociales de la región han reafirmado que la percepción de inseguridad se mantiene e incrementa con el paso del tiempo.
El jueves último, la Corte Constitucional ordenó al Estado y gobierno colombianos a garantizar la seguridad de los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmantes de paz.
Al mismo tiempo indicó la creación en un plazo de dos meses de una sala de seguimiento que verifique las órdenes dictadas en su fallo para la materialización del componente de garantías de seguridad contenido en el Acuerdo de Paz, alcanzado en 2016 entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado.
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