Asimismo, anunció que solicitará al gobierno una sesión conjunta a efecto de solicitar el cumplimiento del fallo de la corte emitido el pasado jueves.
Por medio de un comunicado, la comisión destacó que la declaración de la Corte Constitucional del Estado de Cosas Inconstitucional es el reconocimiento de la inaplicación de la Constitución por el gobierno de Iván Duque y su política de Paz con Legalidad.
«La llamada Paz con Legalidad no sólo no implementó el Acuerdo, sino que desprotegió a población en reincorporación y los liderazgos sociales, dejando en manos de los múltiples actores violentos la suerte de la población civil», enfatizó en el texto.
Añadió que la Corte Constitucional ordena a la Unidad Nacional de Protección mantener las medidas de salvaguardia individual y colectiva en Nariño.
Asimismo, mantener y actualizar las medidas de protección a los tutelantes, reevaluar los diferentes esquemas para fortalecerlos y, de ser necesario, implementar nuevos esquemas.
Recordó que más de 35 excombatientes fueron asesinados a pesar de encontrarse en Ruta de Protección, lo que significa que existe una responsabilidad del actual gobierno en estas muertes.
Agregó que se ordenó al gobierno nacional que, en el término de dos meses se impulsen las acciones necesarias para otorgar las garantías del Sistema Integral de Seguridad.
La ejecución de esta orden contará con la participación y aprobación efectiva de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, e inicie las acciones indispensables para garantizar el funcionamiento de la Instancia de Alto Nivel y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
También ordenó a la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que se adopten medidas concretas para garantizar la articulación entre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo.
Además, medidas para evitar la estigmatización y la incorporación del enfoque étnico y de género, entre otras.
La Corte Constitucional anunció la creación de una Sala de Seguimiento a las medidas emitidas.
«Esta decisión se convierte en la ratificación de las múltiples denuncias que hemos realizado a nivel nacional e internacional, y es el llamado a que como sociedad nos sigamos movilizando en defensa del Acuerdo y como Estado se asuma el Acuerdo final como política de obligatorio cumplimiento», enfatizó.
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