Según adelantó el primer ministro Boris Johnson, la llamada ley de libertades del Brexit permitirá a las empresas británicas ahorrarse más de mil millones de libras esterlinas (unos mil 300 millones de dólares) en trámites burocráticos.
Este plan nos permitirá beneficiarnos aún más del Brexit, y asegurarnos de que las empresas puedan gastar más dinero en inversiones, innovaciones y en la creación de puestos de trabajo, afirmó el gobernante conservador en un comunicado divulgado por su oficina.
Johnson agregó que una vez aprobada, la nueva legislación pondrá fin al estatus especial que todavía tienen algunas regulaciones de la UE en el marco jurídico británico, y permitirá enmendarlas y eliminarlas de manera más fácil en el futuro.
El anuncio llega en momentos en que el primer ministro enfrenta el peor escándalo de su carrera política por las fiestas ilegales celebradas en su residencia oficial durante la cuarentena por la Covid-19.
De tal forma, sus detractores lo ven como un intento de recuperar el apoyo de los diputados conservadores, varios de los cuales le piden la renuncia.
Por mucho que hable sobre la potencial libertad legislativa que tendremos fuera de la UE, todavía se rehúsan a hacer los cambios concretos que el Partido Laborista ha estado pidiendo desde hace meses, consistentes en la eliminación del impuesto sobre las factures de electricidad y gas, afirmó la diputada opositora Emily Thornberry.
El Reino Unido abandonó el bloque europeo el 31 de enero de 2020, pero como parte del acuerdo de retirada siguió bajo las leyes europeas hasta inicios del año siguiente, cuando entró en vigor el acuerdo posBrexit que regula sus relaciones comerciales bilaterales.
El divorcio entre Londres y la UE trajo consigo la introducción de nuevas reglas aduanales, lo que provoca demoras en el trasiego de mercancías desde y hacia el continente y escasez de productos en los supermercados británicos, y tensiones en Irlanda del Norte, que se mantiene dentro de la unión aduanera y el mercado único europeos.
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