La medida, difundida este miércoles, invocó una norma que da potestad al presidente de la República a remover por ese motivo a altos funcionarios del aparato estatal y al decreto legislativo de reestructuración del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.
Soria calificó como ilegal su cese y anunció que lo impugnará judicialmente, porque, según afirmó, la facultad presidencial de retirar la confianza a altos funcionarios no lo incluye.
El procurador cesado pidió en diciembre pasado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que investigue al presidente Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por irregularidades atribuidas a su secretario general, Bruno Pacheco, y a la empresaria Karelim López.
A raíz de ese y otros casos, Pacheco renunció al cargo y es investigado por el Ministerio Público, al igual que López. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo entonces que el pedido de investigar a Castillo carecía de fundamento jurídico y pidió a la oficina de control de ese organismo que informe sobre la situación de Soria.
El informe indicó que el contralor fue designado en forma irreular, en 2019, pues no cumplía con el requisito de tener experiencia en la defensa judicial del Estado.
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