La advertencia la hizo el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, durante una audiencia pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside el senador Javier Aponte Dalmau, del Partido Popular Democrático (PPD).
“Esta legislatura tiene que asumir su responsabilidad histórica de detener los acuerdos que la Junta ha llegado en cuanto a la AEE y que son perjudiciales para la salud financiera del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el dirigente sindical.
En este sentido, alertó que la única manera de lograrlo es no aprobando la legislación que la JSF necesita para materializar ese acuerdo de reestructuración por todas las consecuencias funestas que se avecinan, porque no protegieron los intereses de Puerto Rico.
Figueroa Jaramillo explicó que la JSF llegó a un acuerdo con los acreedores de la AEE que está plasmado “en el tristemente célebre Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración”, dirigido a garantizar el pago de esos bonos mediante una legislación que permita asignar el aumento en la tarifa como garantía de los bonos nuevos.
A la vez, esto implicará la creación de una nueva corporación pública, con el objetivo de manejar el servicio a la deuda.
“Quieren hacer una mega corporación pública totalmente intocable, para tener control del aumento de la tarifa para pagarle a los bonistas por encima de los gastos de operaciones, de mantenimientos, entre otros”, estableció en la audiencia Rolando Emanuelli, representante legal de la Utier, sindicato que ha tratado de diezmar el gobierno puertorriqueño.
La entidad no estaría sujeta a unas 16 leyes, entre estas la de Ética Gubernamental, aparte de que el plan podría ser más oneroso en la promesa de pago, ya que este acuerdo fue elaborado antes de la pandemia y las condiciones económicas han cambiado en el país.
Figueroa Jaramillo dijo, en alternativa, que lo primero que tiene que hacerse en un proceso de reestructuración de deuda bajo el Código de Quiebras de Estados Unidos, es determinar la validez de los créditos que se pretenden considerar.
“Además, debe considerarse la clasificación de los bonos como asegurado o no asegurado, para determinar el grado de recorte o reducción de la deuda que permite la ley conforme a las circunstancias económicas del deudor”, subrayó el presidente de la Utier.
En este sentido dejó sentado que cualquier arreglo que no tome en cuenta esos dos factores, y no los aplique a beneficio del pueblo puertorriqueño, es un mal acuerdo que esta Asamblea Legislativa debe rechazar.
A preguntas del senador Aponte Dalmau, el sindicalista mencionó que con el nuevo acuerdo propuesto se destinarán 868 millones de dólares anuales para el pago de la deuda, mientras que en el acuerdo anterior el pago sería de 600 millones.
“La razón es que antes se pagaba como un pagaré ya establecido, y esta fórmula es un gravamen según el consumo, por lo que si el país consume más, se paga más a la deuda”, manifestó Figueroa Jaramillo al rematar que no se debe autorizar la transacción, que requiere legislación específica para realizarse.
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