“(…) La suscrita fiscal de materia impetra la aplicación de la extrema medida de DETENCIÓN PREVENTIVA en el CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO al imputado SANTOS QUISPE QUISPE conforme al art. 233 núm. 1) y 21, del C.P.P. por el lapso de 3 MESES (sic)”, expresa el texto rubricado por Omar Mejillones, funcionario de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Máxima autoridad del departamento paceño, Quispe permanece en un celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de una audiencia porque presuntamente consumió bebidas alcohólicas junto a otros funcionarios públicos en oficinas del Gobierno territorial.
Los fiscales tomaron cartas en el asunto a tenor de una denuncia de los asambleístas departamentales Israel Alanoca y María Góngora contra Quispe y un grupo de funcionarios de la gubernatura.
Entre los acusados de las mismas figuras delictivas aparecen los identificados como Ermelinda A. Q., Sonia M.C., Grover M. H., Jesús Reynaldo C.A., Gregorio H. K., Dulce L. M. M., Marina C. S. y Ana N. A. A.
La petición fiscal a la autoridad jurisdiccional incluye que se realice una acción pericial informática de las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como la recolección de indicios materiales en una inspección técnica ocular.
Según el Ministerio Público, como parte de las pesquisas se solicitará a las compañías de telefonía móvil Entel, Tigo y Viva el extracto de las llamadas telefónicas de los encartados para “llegar a la verdad de los hechos”.
Asambleístas de La Paz denunciaron la noche del 1 de febrero en sus redes sociales y por transmisión en vivo en Facebook que el gobernante departamental Quispe estaba consumiendo bebidas alcohólicas en su despacho, por lo cual la Policía concurrió al lugar y halló al acusado en presunto estado de ebriedad, situación que dio origen a la investigación.
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