La sala de vistas del Organismo Judicial fue el escenario de las dos reuniones de la Comisión Postuladora encargada de elaborar la lista de los seis candidatos más idóneos para asumir las riendas del ente investigador en los venideros cuatro años, aunque la última palabra la tendrá el presidente Alejandro Giammattei.
Bajo escrutinio público y mediático, los 15 integrantes liderados por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, definieron en principio el lunes último el calendario de trabajo para los meses venideros y la metodología a seguir.
En particular, fechas clave como el 9 de febrero para la convocatoria oficial a los interesados, del 11 al 21, la recepción de currículos, y del 22 al 25 la revisión de expedientes de quienes cumplen con los requisitos.
Para ello, en la segunda reunión el jueves 3 de febrero, aprobaron el perfil de los aspirantes con los requisitos a cumplir, así como la tabla de gradación a utilizar para su evaluación y posterior calificación.
Por mayoría, acordaron las cualidades éticas y académicas, entre ellas, no haber representado a personas vinculadas al crimen organizado, aunque hubo cuatro votos en contra de 14 presentes.
Otros requisitos serán hoja de vida con rectitud, honradez y decoro, ejercicio profesional ajustado al Código de Ética Profesional, carecer de sanciones firmes en el ámbito administrativo, gremial o judicial que evidencien la inobservancia de normas éticas.
También por unanimidad se concluyó que en la tabla de gradación la formación académica tendrá un punteo de 30, en experiencia profesional 65 y en proyección humana cinco.
Y si bien este es un proceso tradicional cada cuatro años, todas las miradas apuntan al desempeño de los comisionados, en tanto anteriores elecciones de este mismo cargo y de magistrados a Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones arrastran señalamientos de estar vendidas al llamado aquí Pacto de la Corrupción (Caso Comisiones Paralelas 2020).
Incluso antes de la primera reunión, grupos civiles pidieron a la ciudadanía estar muy atentos al trabajo de la Postuladora para evitar que incluya en la nómina a personas afines a grupos de poder o con casos pendientes en la justicia o vinculados al crimen organizado.
Sin embargo, la polémica ya se instaló con la petición de retiro de la Postuladora de su actual Presidenta por acusaciones de conflicto de interés, pero esta argumentó que su participación responde a obligación constitucional y no a una decisión personal.
El medio digital La Hora recordó que se trata de «un momento crucial para Guatemala, pues se decidirá si el país dice adiós definitivamente a las aspiraciones de justicia o si se da una vuelta a la página».
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