La decisión la tomó la mes legislativa con cinco votos a favor y cuatro en contra, tras concluir que Arregui no ha incurrido en incumplimiento de funciones.
El proceso lo impulsó el parlamentario de la bancada de Pachakutik Darwin Pereira, basado en problemas como pagos debitados en instituciones financieras privadas y responsabilidades de la Superintendencia de Bancos frente a la captación ilegal de dinero en la firma Big Money.
Asimismo, denunció el supuesto ejercicio irregular de actividades financieras sin autorización, la renegociación de deuda entre usuarios y la banca privada, los reclamos y quejas por fraude informático y sustracción de dinero de cuentas en la banca y el pago por convenios de cooperación técnica sin seguir los procedimientos contractuales.
En ese contexto, el informe se elaboró con aportes de varios asambleístas como Ana Belén Cordero, María Soledad Diab, Pedro Velasco, Marco Troya y Fernando Villavicencio.
El documento recoge, además, los argumentos de cargo y de descargo propuestos por el interpelante y por la funcionaria encausada, en ese orden, así como 23 testimonios de ciudadanos presuntamente perjudicados por la banca privada, expertos, defensores del cliente, así como ex y actuales trabajadores de la Superintendencia de Bancos.
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