El diputado del Partido Popular Democrático (PPD) explicó que, al culminarse el plan de ajuste de la deuda ante la jueza federal Laura Taylor, ampliarán los beneficios de la Ley 9-2021 para permitir que los convenios colectivos puedan negociar cláusulas económicas.
“Ya culminado el proceso de aprobación del plan de ajustes de la deuda, el gobierno no tiene excusas para comenzar a evaluar la disponibilidad de fondos y recursos para mejorar los sueldos de los empleados públicos”, aseguró en rueda de prensa acompañado de los sus correligionarios Domingo Torres García, Estrella Martínez y Eladio Cardona.
La iniciativa se anuncia en momentos en que docentes, bomberos, trabajadores de la salud y de emergencias, entre otros, han comenzado a reclamar en la calle salario justo y retiro digno, tal como ocurrirá nuevamente este próximo miércoles.
“La crisis económica que enfrentan nuestros servidores públicos se ha vuelto insostenible, y en la medida en que se siga dilatando el aumento salarial y beneficios marginales a nuestros funcionarios que brindan servicios esenciales, menos profesionales vamos a tener en el país”, manifestó Hernández.
El diputado Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, destacó que con la iniciativa se ordena a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico que publique inmediatamente el Plan de Retribución y Reclasificación Uniforme para Empleados Públicos de la Rama Ejecutiva.
Además, anotó, estamos enmendando la Ley 9–2021, conocida como Ley para Garantizar la Negociación Colectiva, a los fines de permitir que los convenios colectivos puedan negociar cláusulas económicas con su respectiva autoridad nominadora.
Torres reconoció que por décadas las empleadas y empleados públicos han visto mermar sus beneficios marginales, incluyendo sus días libres con paga, mientras se congelan sus salarios y la inflación continúa en aumento.
Igualmente, admitió que a los trabajadores en general, y en el servicio público en particular, se les ha requerido que carguen con el peso mayor de las medidas de austeridad y de rigurosidad fiscal por la que atraviesa esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde hace 123 años.
Los legisladores recordaron que, según el estado de derecho vigente, el 1 de julio de 2021 los empleados públicos amanecerían sin un convenio colectivo por primera vez en 20 años, razón por la que se aprobó la Ley 9–2021 para proteger sus derechos.
Ahora, indicaron, dado que se concretó el Plan de Ajuste de la Deuda, el cual reduce las obligaciones con los acreedores y, por consiguiente, el gobierno contará con recursos económicos para hacer valer los derechos y que se les haga justicia salarial a los funcionarios.
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