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Agua y soberanía de Panamá en manos militares EEUU

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Mario Hubert Garrido*
Panamá (Prensa Latina) Un cuestionado contrato suscrito entre la Administración del Canal de Panamá (ACP) con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) pone en evidencia el servilismo y el auge del militarismo en el país, estimaron investigadores.
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El proyecto está dirigido a proveer servicios de consultoría y asesoría técnica de la USACE (siglas en inglés), para el Programa de Proyectos Hídricos, en particular el manejo del agua en la vía interoceánica, que además es la mayor fuente de abastecimiento del vital líquido para la población panameña.

El acontecimiento fue destacado en titulares por la revista informativa El Faro, de la ACP, indicó Bayano Digital de manera temprana en noviembre de 2021.

El rotativo aseguró que los directivos no examinaron las implicaciones de volver a vincular a la centenaria obra con una fuerza castrense foránea, desmantelada a partir de la ejecución de los Tratados del Canal “Torrijos-Carter”, de 1977.

Al respecto, abogados, analistas políticos y periodistas como Antonio Saldaña y David Carrasco, alertaron sobre las consecuencias políticas y de soberanía que podría acarrear el nuevo convenio.

Otros expertos y ambientalistas rechazaron lo que estiman podría representar el retorno de Washington a América Latina y al sur, sobre todo, lo que en su momento calificó de patio trasero, para controlar el agua en tiempos de crisis global, sin contar el incremento injustificado de tropas élites.

UN POCO ANTES, OTROS HECHOS

En agosto de 2021, el diario La Estrella de Panamá, publicó de forma sucinta y sin comentarios mayores que el ministro de Desarrollo Agropecuario(MIDA), Augusto Valderrama, recibía a Thor Brunso, del SAD Military Program Chief de Estados Unidos.

En la reunión, en la que también participó la administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos, se centró, de acuerdo con el rotativo, en futuras acciones del Programa de Cosecha de Agua del MIDA y su repercusión en el sector agropecuario y acuícola.

Ambas delegaciones resaltaron el objetivo de trabajar juntos en planes para beneficiar zonas que atiende ese programa, así otros de esa institución en regiones de difícil acceso. Al encuentro también asistieron el agregado agrícola de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Peter Olson, y altos cargos del USACE Mobile District, de Mobile, Alabama, cuya consigna es «socios de confianza, que ofrecen valor hoy por un futuro mejor».

Pero los estudiosos vieron más allá, el trasfondo de procesos de este tipo.

¿REVIVE EL MILITARISMO?

Para el abogado Antonio Saldaña, en Panamá se está reviviendo el militarismo, como ocurrió en el pasado, en concubinato con la Casa Blanca.

La historia del militarismo istmeño, explicó, se remonta al último caudillo militar tras la independencia de Panamá de Colombia.

Luego de que mediante Decreto N°1 del 20 de febrero de 1904 “se eliminaba el Ministerio de Guerra y Marina”, el general Esteban Huertas, en complot con liberales de la época, intentó deponer por la fuerza al presidente Manuel Amador Guerrero.

Previamente, en enero de 1904, el procónsul norteamericano William I. Buchanan, había comunicado a su gobierno, la conveniencia de “licenciar” a los integrantes del ejército panameño.

El 16 de noviembre del mismo año, John Barrett, nuevo ministro de EEUU, “recomienda” al mandatario panameño, como única salida a la crisis del militarismo, la “destitución del jefe castrense”.

Entonces, el presidente Amador solicitó la dimisión al general Huertas, quien la presentó de forma “irrevocable”. En la misiva, responsabilizó a los estadunidenses de su renuncia.

Del primer intento de remilitarización de la Policía nos da cuenta en sus memorias el libro El camino recorrido, agregó Saldaña, en el cual se expresa que “el militarismo en Panamá no es sólo una responsabilidad de los militares, sino también de civiles que se procuraban beneficiar del poder que emanaba de los cuarteles, igual que en la dictadura militar”.

Luego señaló que con la firma del “Tratado General de Amistad y Cooperación de 1936, dentro de lo acordado por Panamá y Estados Unidos estaba el cese de la intervención en los asuntos internos del país del ejército acantonado en la antigua Zona del Canal, en virtud del artículo VII del Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903.

Pero aquel fue derogado por el Tratado de 1936 ( Arias-Roosevelt), lo cual generó un vacío en la seguridad pública.

El pretexto fue utilizado primero, por la oligarquía liberal y más tarde, en las décadas del 40 y 50 del pasado siglo por el imperialismo norteamericano para la remilitarización de la Policía Nacional, convertida en Guardia Nacional, y trasladar el poder real al Palacio de las Garzas (sede el Ejecutivo), indicó.

La segunda remilitarización ocurre con el golpe militar del 11 de octubre de 1968 y culminó con la defenestración de las Fuerzas de Defensa de Panamá, por la invasión militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989, apuntó el estudioso.

Sin embargo, aseveró Saldaña, a partir del gobierno de Martin Torrijos (2004-2009), hijo del general OmarTorrijos, se inicia el proceso de la tercera remilitarización de los cuatro servicios de policía, que de policía solo tienen el nombre, según opinión de un alto militar del Pentágono.

En el actual gobierno, opinó, la remilitarización se ha acelerado con el auspicio y concurso estadounidenses y la ignominiosa creación de dos bases, una en las riberas del Canal y otra en la provincia de Darién. Estamos pues, en la cuarta remilitarización de la Fuerza Pública, con las nefastas consecuencias que la Historia nos ha demostrado, concluyó el abogado.

EL RECIENTE ACUERDO DE LA ACP

El convenio de la ACP con la USACE, concretado el 18 de noviembre del pasado año, indica que el objetivo es “lograr un sistema optimizado de administración de agua, enfocado en abastecer de este recurso a la población y a la vía acuática”.

Para justificar ese acto contractual, se señala que la entidad de Estados Unidos ofrece asistencia técnica en más de 100 países del mundo, así como el mantenimiento de más de 700 presas, 24 mil kilómetros de diques, 21 mil kilómetros de puertos y canales, y 240 esclusas en Estados Unidos.

Pero antes, en 2019, USACE y la ACP ya habían firmado un acuerdo de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de servicios de ingeniería, sostenibilidad ambiental, operación, reducción de daños por desastres, y análisis de riesgo de la gestión integrada de los recursos hídricos.

Pero nadie señaló entonces lo que significa darle paso expedito a una fuerza militar extranjera en la vía acuática regida por principios de neutralidad permanente.

NUEVAS JUSTIFICACIONES

En diciembre DE 2021, el administrador de la ACP, Ricaurte Vázquez, justificó ese contrato para servicios de consultoría sobre proyectos hídricos.

Entrevistado en el programa televisivo Mesa de Periodistas, del canal TVN, el funcionario explicó que entiende las sensibilidades que despierta el asunto, pero se trata apenas de un servicio de asesoría técnica para el uso del agua potable, vital para el funcionamiento de la vía interoceánica y para el consumo de la población.

Vázquez señaló que el proceso de licitación para este servicio solo prevé la exposición de modelos conceptuales, que otras compañías rechazaron por considerar ambigua la información brindada.

De ahí la decisión de optar por USACE, debido además a su experiencia y memoria en la construcción de la ruta y los programas de modernización para la transferencia de su administración en 1999, agregó.

Un comunicado de la ACP al que tuvo acceso Prensa Latina señala que el programa proveerá una solución al abastecimiento de agua cruda para más de la mitad de la población del país concentrada en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, así como para la operación del Canal.

La estrategia es lograr una solución integral para poder proveer agua de consumo humano a las poblaciones aledañas a la Cuenca del Canal (el 50 por ciento de los habitantes del país), y contar con el recurso hídrico para poder garantizar la confiabilidad de la ruta y de las operaciones por los próximos 50 años.

De acuerdo con Vázquez se tuvo en cuenta ahora la experiencia de USACE en la reconstrucción de diques en Nueva Orleans, sobre todo la nivelación de suelos, cuando el huracán Katrina, de 2005.

El servicio de consultoría se desarrollará en laboratorios de Estados Unidos, aclaró, y contará con una información limitada. Además, reiteró que no implica la presencia física del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para asumir las obras a futuro.

Sobre el particular asunto los analistas insistieron en que es ingenuo pensar que el intervencionismo imperial cesó con la firma del Tratado del Canal de Panamá, en 1977, y el Tratado concerniente a la Neutralidad permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, conocidos como Tratados Torrijos-Carter.

La injerencia estadounidense en asuntos internos del país istmeño continúa, remarcaron.

“!Así de sencilla es la cosa!”, sentenció Saldaña en su más reciente artículo El militarismo en Panamá, publicado en Bayano Digital.

rmh/ga

*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá

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