De acuerdo con González, el conflicto armado, la presencia de estructuras criminales y su múltiple alianza por las rentas de la economía de la guerra son una permanente amenaza contra las comunidades organizadas.
Calificó de alarmante la cifra de víctimas a causa de esta situación en ese departamento ubicado al suroccidente del país entre las regiones andina y pacífica.
Detalló que, desde el inicio del año 2022 a la fecha, murieron asesinados seis líderes sociales, fueron perpetradas cuatro masacres con 13 víctimas, hubo tres secuestros, dos desplazamientos, una víctima de mina antipersona.
A esto se suman, constantes amenazas contra las comunidades particularmente contra líderes y defensores, agregó González.
Señaló que por lo menos nueve grupos armados como residuales de las extintas Fuerzas Revolucionarias de Colombia que abandonaron el Acuerdo de Paz, el Ejército de Liberación Nacional y paramilitares se disputan el control territorial por la economía basada en el circuito de la cocaína.
Además, por otras rentas depredadoras de comunidades, organizaciones y dinámicas de soluciones con democracia y equidad.
«Se requiere urgente una presencia integral del Estado, no solamente con fuerza pública, el cumplimiento efectivo de todo el Acuerdo de Paz y la no estigmatización contra las comunidades y organizaciones sociales», enfatizó.
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