El Ministerio Público “es el brazo operativo de la impunidad”, añadió la legisladora en declaraciones al periódico, en medio del debate nacional sobre un juicio político a la fiscal general Sandra Quiñónez.
González aludió a un borrador de documento acusatorio que circula entre los parlamentarios, entre los preparativos del proceso, propuesto tras revelaciones en varias instancias del Congreso contra la jurista.
“El 20 por ciento de la Cámara de Diputados sostiene la inviabilidad e inconveniencia de la presencia de Quiñónez al frente del Ministerio Público”, expresó la legisladora.
Esa postura proviene de la lectura de “una realidad que nos lastima como país, democracia y República”, consideró y recordó que esta nación ya sufrió esa situación con el exfiscal Javier Díaz, imputado y procesado.
“Hoy existe una sinergia peligrosa que continúa operando y hace que las causas de corrupción pública, ligadas al crimen organizado, sean moneda de cambio para la permanencia de determinados fiscales”, opinó González.
Salvo honrosas excepciones hoy el Ministerio es el brazo operativo de la impunidad y, si se desea la seguridad jurídica, Quiñónez debe salir y se debe reformar todo el sistema, subrayó la legisladora.
González, para quien eso no solo ocurre en los grandes casos, «pues también pasa en fiscalías barriales”, llamó a cohesionar esfuerzos para lograr los votos para el juicio político a Quiñónez.
Solo con la unidad de los poderes del Gobierno, sumados a la oposición y a todas las fuerzas políticas unidas, decididas, presentes, lograremos la cantidad necesaria, indicó.
Gonzáles cuestionó al respecto la posición del Gobierno y afirmó que los legisladores intentan entender cuál es la jugada del presidente Mario Abdo Benítez.
Según ella, tras las graves denuncias de su propio ministro de Interior, Arnaldo Giuzzio, el jefe de Estado “no puede quedarse de brazos cruzados ante la evidente impunidad del expresidente Cartes para operar”.
Giuzzio acusó el 3 de este mes al exmandatario ante una Comisión Permanente del Congreso por delitos como la venta de cigarrillos, que lo asocian a traficantes de drogas. La vista, tras un pedido de tres diputados sobre un juicio político contra el propio ministro de Interior, desató una escalada de acusaciones, que incluyeron el supuesto vínculo de Cartes con el tráfico de drogas.
El titular calificó de “vendetta de la mafia” la propuesta para incriminarlo y agregó sobre el exmandatario que su gran mérito es poder extorsionar a Benítez.
También relacionó a Cartes con criminales internacionales como el colombiano Pablo Escobar y el paraguayo Ramón González.
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