Según la vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil, la motivación de la normativa es alejar a las personas agresoras del ámbito familiar, proteger a quienes puedan resultar vulnerables ante este tipo de situaciones y que requieran de un resguardo, ya sea de seres queridos, la comunidad, o el Estado.
El proyecto de ley permitirá actuar ante la violencia basada en género, la que ocurre contra niños, adolescentes, personas mayores o en situación de discapacidad, y comprende todas las expresiones, ya sea maltrato físico, verbal, psicológico, moral, sexual, económico, patrimonial o negligencia, tanto por acción u omisión, precisó.
“Incluye también todas las agresiones entre parientes, en matrimonios o uniones de hecho afectivas, y va hasta las exparejas”, puntualizó al diario local Granma la también vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Ante supuestos de agresiones se derivan consecuencias jurídicas, aplicadas ante divorcios, en las decisiones vinculadas a la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, las relaciones parentales o en los procesos de guarda y cuidado, detalló.
En ese sentido, ejemplificó que los padres u otros parientes con acciones agresivas no podrán tener la guarda y cuidado ni derecho a la comunicación con niños y adolescentes.
Aquel que sea violento tampoco podrá adoptar o ser tutor, ni tendrá derecho a heredar quien agredió a la persona que estaba a su cuidado, puntualizó González.
Otro ejemplo de la protección desde el Código viene cuando prevé, ante situaciones de divorcio o la separación en la unión de hecho afectiva, pensiones para el miembro de la pareja vulnerable, así como compensaciones económicas por las oportunidades perdidas por la dedicación al trabajo en el hogar y al cuidado.
De acuerdo con expertos, el Código, en coherencia con la Constitución de la isla, es contra la discriminación y la violencia, pues está centrado en los afectos, el amor y la búsqueda de la felicidad.
Cuba tiene tolerancia cero a las agresiones y para enfrentar ese flagelo cuenta con el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y con la Estrategia Integral para la Prevención y Atención de la Violencia de Género que ocurre en el escenario familiar.
Como parte de la consulta popular hasta el 30 de abril, los ciudadanos dentro y fuera de este país podrán ofrecer su aprobación, desacuerdo o propuestas de modificación al proyecto de ley y tras dicho análisis, el Parlamento deberá aprobar una nueva versión, la cual irá a referendo popular.
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