“Sí hubo un golpe de Estado en 2019, con la toma violenta e inconstitucional por parte de Jeanine Áñez y un grupo de políticos en busca de poder sin que exista algún elemento legal para nombrarla presidenta de Bolivia”, afirmó el experto.
Racicot afirmó en declaraciones a Bolivia TV que la exmandataria devenida rea se autoproclamó porque no hubo un juramento de posesión, un elemento legal, ley o reglamento que conllevara a la asunción constitucional de la primera magistratura del país.
Al referirse a la suspensión el 10 de febrero de la vista oral del juicio por la causa denominada Golpe de Estado II, calificó de “prudente” la decisión del Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal de dejar sin efecto el auto de apertura del proceso.
Explicó que se trata de un laudo prudente porque aunque va a dilatar el juicio, se acordó con la perspectiva de que, “con mucha seriedad, se va a respetar las reglas de un juicio justo, se va a respetar las reglas de la presunción de inocencia, se va a respetar el debido proceso”.
No obstante, se declaró “un poco sorprendido” por el auto de apertura con un error semejante, que parece básico, e insistió en que es importante que el trabajo técnico esté libre de errores, porque estas situaciones afectan la visión que puede tener tanto el público, como los encartados.
Senadora insta a frenar impunidad de golpistas en Bolivia
En Golpe de Estado II, Áñez y otros exjefes militares y policiales son investigados por los hechos de noviembre de 2019 antes de que la exsenadora se autoproclamara presidenta, por lo cual se les acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones anticonstitucionales.
Además de Añez, este caso involucra a Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, al frente del Ejército; Gonzalo Terceros, exjefe de la Fuerza Aérea y Palmiro Jarjury, cabeza de la Armada.
También está imputado el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.
La exdiputada Lidia Patty formuló la denuncia mediante su abogado, Marcelo Valdez, y en septiembre de 2021 la Procuraduría del Estado, la Fiscalía General y la Cámara de Senadores comenzaron las pesquisas.
El Ministerio Público anticipó que cuenta con más de 70 pruebas y alrededor de 20 declaraciones testificales que indican que la enjuiciada adecuó su conducta a la figura prevista en el Artículo 153 del Código Penal referido a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
La misma fuente subrayó que el comportamiento de la expresidenta no elegida también se adecua al Artículo 154 del mismo cuerpo normativo por incumplimiento de deberes.
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