El responsable de esa área, Eduardo Dall’Oglio, consideró la necesidad de que todas las secciones gremiales integrantes de la organización participen en actividades relacionadas con una de las definiciones estratégicas aprobadas por su último congreso en noviembre pasado.
Otro de los objetivos trazados apunta a fortalecer batallas en los ámbitos público y privado en reclamo del efectivo cumplimiento de las legislaciones de empleos para personas con discapacidad.
“La idea es denunciar a las empresas que están incumpliendo la ley especialmente en relación con los ingresos de personal establecidos en la normativa aprobada” enfatizó, durante un encuentro para reafirmar los principales ejes de trabajo para este año.
A tenor con la ley de protección de derecho al referido segmento poblacional, adoptada en noviembre de 2018, los empleadores de la actividad privada que cuentan con 25 o más trabajadores permanentes, deberán emplear un cuatro por ciento de personas con discapacidad que reúnan condiciones y la idoneidad para el cargo.
Se establece asimismo que la empresa puede solicitar al Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social que le suministre datos de posibles postulantes a los puestos de trabajo, para acceder a los mismos.
Además el empleador debe garantizar la accesibilidad física, según las normas vigentes en esa materia a cuyos efectos debe ejecutar las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones del trabajador.
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