“El pueblo boliviano ya está cansado de escuchar el trillado discurso de lo que manifiestan y apelan constantemente: la persecución política”, afirmó el legislador.
Angulo ejemplificó, en declaraciones a la Agencia Boliviana de Noticias, con el caso de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, arrestada por su actuación a raíz del derrocamiento del entonces mandatario constitucional Evo Morales en noviembre de 2019.
Deploró al respecto que sus partidarios muestran su privación de libertad a la espera de dos juicios como “amedrentamiento político”.
Al señalar que la procesada cometió delitos que deben ser tratados por la justicia, recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) certificó en un informe especializado que Áñez se autoproclamó como gobernante en una sesión sin el quorum requerido.
Explicó que este acto violó el Artículo 169 de la sucesión presidencial, establecido en la Constitución Política del Estado.
Por ese motivo la expresidenta no elegida, los principales exjefes de las Fuerzas Armadas y el de la Policía son acusados de incumplimiento de deberes y resoluciones anticonstitucionales en el expediente denominado Golpe de Estado II.
Angulo agregó que la Sentencia Constitucional 0052/2021 estableció de manera inapelable que la llamada “sucesión ipso facto”, argumentada para justificar la autoproclamación de la exsenadora, es violatoria de la Carta Magna.
Subrayó que, según el informe del GIEI durante el mandato de facto de Áñez, ocurrieron masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos humanos calificadas de graves en ese reporte.
Tales crímenes deberán ser esclarecidos en el caso conocido como Golpe de Estado I, abierto en diciembre de 2020 a partir de una denuncia de la exdiputada Lidia Patty y en el cual la exgobernante de facto y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán son acusados de sedición, conspiración y terrorismo.
El legislador del MAS consideró emblemáticas otras situaciones de figuras relevantes de la oposición que recurrieron al pretexto de la persecución política para huir del país y evadir su deuda con la justicia.
Mencionó al exministro de la Presidencia del gobierno de facto Yerko Núñez, quien se declaró “en la clandestinidad”.
En opinión de Angulo, otros prófugos que justificaron la evasión de la ley con ese argumento son Fernando López y Arturo Murillo, exministro de Defensa y de Gobierno de Añez, respectivamente, protagonistas de las masacres de Senkata y Sacaba, en las que murieron decenas de manifestantes y cientos resultaron heridos.
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