El OIEA aprobó la acción, pero el plan adoptado por el gobierno japonés el pasado mes de abril, que se espera comience en marzo de 2023, provocó la ira de los países vecinos por cuestiones medioambientales y de seguridad.
También generó una feroz oposición por parte de las comunidades pesqueras locales, que temen que socave años de trabajo para restablecer la confianza en sus productos marinos.
La compañía operadora de la planta, Tepco, y el gobierno japonés esperan que la supervisión del proceso por parte de la entidad internacional aumente la confianza.
De acuerdo con el coordinador del departamento de seguridad nuclear del OIEA, Gustavo Caruso, el grupo de trabajo examinaría elementos como la «caracterización radiológica del agua que se va a verter» y también el impacto sobre las personas y el medio ambiente.
Por su parte, el director de Tepco para la gestión del agua tratada, Junichi Matsumoto, dijo que la empresa ya estaba estudiando el diseño de la infraestructura y las operaciones para el plan «con la prioridad en la seguridad».
Esperamos mejorar aún más la objetividad y la transparencia de este proceso mediante esta revisión, añadió.
De acuerdo con lo previsto, el equipo del OIEA estará en Japón hasta el 18 de febrero, visitará el emplazamiento de la central y dará una conferencia de prensa al final de su viaje.
Más de un millón de toneladas de agua procesada se han acumulado en los tanques de la planta paralizada desde que se fundió tras un tsunami en 2011, y el espacio de almacenamiento se está agotando.
Un extenso sistema de bombeo y filtración elimina la mayor parte de los elementos radiactivos, y Japón afirma que el plan para diluir y liberar el agua durante varias décadas es seguro.
El debate sobre cómo manejar el agua se ha prolongado durante años, y algunos críticos han sugerido que podría haber formas de almacenar más agua hasta que se conciba un nuevo plan.
Según expertos, el proceso de filtración elimina la mayoría de los elementos radiactivos del agua, pero algunos permanecen, como el tritio.
No obstante, afirman que este elemento sólo es perjudicial para el ser humano en grandes dosis y que, con la dilución, el agua tratada no supone un riesgo científicamente detectable.
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