La presidenta de la Asociación de Familiares y amigos de los caídos el 20 de diciembre, Trinidad Ayola, convocó desde las redes sociales a esta manifestación frente a la Asamblea Nacional(AN) para exigir que el legislativo sancione de una vez el proyecto que este martes entra en su tercer y último debate.
Para que se convierta en ley- un reclamo de larga data, recordaron analistas- la iniciativa debe ser aprobada en la AN, pero luego suscrita y decretada por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo.
“Necesitamos de la Solidaridad de siempre para que esta Ley sea una realidad” subrayó Ayola.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, en diciembre pasado, en ocasión del aniversario 32 del vil ataque que sembró la muerte y la destrucción de barrios humildes como El Chorrillo, en esta capital, Ayola consideró que son muchas las deudas pendientes, entre ellas conocer el paradero de miles de desaparecidos.
También señaló la urgencia de identificar los restos de las víctimas mortales, en un proceso de exhumación de cadáveres que no termina.
A su juicio, la invasión no ha tenido la necesaria condena internacional, incluso pese a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018, que juzgó a Estados Unidos por violar los derechos humanos e instó al Ejecutivo panameño a indemnizar a las víctimas.
En esta lucha, hemos tenido avances como lograr en 2016 la conformación de la Comisión 20 de diciembre, que encabeza el catedrático Juan Planells y se dedica de manera exclusiva a las investigaciones de aquellos sucesos.
Es nuestro propósito que el Ejecutivo respalde la creación de un Museo en honor a esas víctimas y que recoja todos los elementos de la invasión y sus consecuencias, agregó.
El propio Planells precisó a este medio informativo que otra deuda con los familiares de las víctimas es el estudio científico y serio sobre los cadáveres exhumados en los cementerios Jardín de Paz, en ciudad de Panamá, y Monte Esperanza en la caribeña provincia de de Colón.
Para ese fin cuentan ahora con un nuevo Laboratorio de ADN donado por la Policía Nacional que estudiará esos restos agrupados en 38 bolsas. Señaló que otra de las deudas es la labor que se realiza para impulsar nuevas denuncias a nivel mundial contra Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de los panameños.
En 2021, en la nación canalera marchas de movimientos sociales llegaron hasta la presidencia de la República, la Asamblea Nacional (parlamento) y la embajada de Estados Unidos para pedir justicia y su lema de lucha fue ¡Prohibido olvidar¡.
También Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano de Panamá, manifestó que las heridas del 20 de diciembre de 1989 aún permanecen en la memoria y en el corazón de los panameños, especialmente por todos los caídos.
La denominada Causa Justa, cuyos objetivos expuestos eran acabar con la supuesta dictadura y capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, lo que en realidad trajo fue el caos y la muerte al barrio mártir de El Chorrillo, en plena capital, que desapareció en parte por la artillería y las ‘operaciones quirúrgicas’ desde helicópteros.
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