En declaraciones a la prensa en la sede del Congreso, los legisladores presentaron las cartas enviadas a Margarette May Macaulay, al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a Diego García Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.
Ello, dijeron, con la finalidad de que ambos puedan visitar Guatemala y verifiquen la situación actual en cuanto a abusos, hostigamientos y persecución penal contra fiscales y abogados.
Bernardo Arévalo, jefe de la bancada opositora, aclaró que esta es una de las acciones como resultado del «avance en el proceso de cooptación de las instituciones de justicia por parte de las estructuras político-criminales en nuestro país y que están generando situaciones de acoso y hostigamiento a jueces, fiscales y abogados».
A su juicio, esto pone en riesgo las libertades fundamentales y la vigencia del sistema democrático.
La iniciativa tiene lugar en medio del proceso de elección del próximo Fiscal General de Guatemala, a cargo de una Comisión de Postulación que entregará a finales de abril al presidente Alejandro Giammattei los nombres de seis candidatos con las mejores cualidades éticas y profesionales para ocupar el cargo.
El Jefe de Estado seleccionará al sustituto de la actual jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras, acusada de obstruir procesos penales de alto impacto y desmantelar poco a poco la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
También preocupa, la detención la semana pasada de la exmandataria de la antigua Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Leyli Santizo, y de la ahora exfiscal Siomara Sosa, por dos supuestos casos hasta el momento en reserva.
Este martes, estaba prevista una audiencia de primera declaración de Santizo, pero fue pospuesta para el venidero viernes, cuando también tendrá lugar la de Sosa, quien renunció al MP y, pese a su deseo de aclarar su situación legal, fue enviada a la cárcel Mariscal Zavala.
Abogados de la defensa, advirtieron que hay mala intención al dejarla privada de libertad pese al riesgo para su vida e integridad personal.
A este complejo panorama se suman constantes ataques y pedidos de antejuicio contra la jueza de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán, a cargo de procesos penales de alto impacto.
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