La representante del movimiento Pro Defensa de la Niñez y la Adolescencia, Rebeca Yanis, demandó la Procurador encargado, Javier Caraballo, que renuncie al cargo si no es capaz de avanzar en las investigaciones pertinentes.
Los participantes en la protesta entregaron a la institución una nota en la que indican que de 28 procesos solo cinco personas han sido condenadas, pero de bajo perfil, mientras otras quedaron impunes.
“La sociedad panameña exige que las denuncias presentadas por este tema se investiguen y se llegue hasta las últimas consecuencias”, remarcó Yanis en declaraciones a la prensa.
En diciembre pasado, el Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, explicó a Prensa Latina que también con tiempo demandaron sanciones para los responsables de abusos en albergues de menores en riesgo social, una investigación que continúa.
Entonces, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman recordó que solicitaron al Ministerio Público y al Órgano Judicial que las pesquisas sobre los vejámenes cometidos contra estos niños cumplan su cometido y se castigue a los que los perpetraron.
En febrero de 2021 una subcomisión de la Asamblea Nacional presentó un informe sobre abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos cometidos desde 2015 contra decenas de menores, en al menos 14 albergues bajo supervisión de la Secretaría para la Atención a la Niñez y la Infancia.
El escándalo conmocionó al país y provocó continuas protestas para exigir castigo contra los responsables, encargados de proteger a los infantes provenientes de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema.
A raíz del incidente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió al gobierno panameño no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia.
El martes último, el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, decretó una legislación que ofrece, según aseveró, mayores garantías y protección integral a ese sector de la población, medida reclamada por la sociedad.
De acuerdo con el decreto ejecutivo, se crea un sistema con políticas públicas que establecen parámetros para el cuidado emocional, físico, mental y social de los menores de edad.
También indica el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar, de acuerdo con su edad y madurez, el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de los infantes.
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