Por Danay Galletti Hernández
Corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua
El exmandatario abandonó de manera voluntaria su vivienda, ubicada en el Residencial San Ignacio de Tegucigalpa, y, a la salida, lo esperaban agentes policiales y el ministro de Seguridad del gobierno de Xiomara Castro, Ramón Sabillón, quienes le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron en manos y pies.
El exgobernante fue conducido a la Dirección de Fuerzas Especiales, resguardado por una caravana vehicular y un fuerte operativo terrestre y aéreo, que comenzó desde horas de la noche del lunes con la intervención de 600 efectivos, y tras la orden firmada por el juez natural designado para el caso, Edwin Ortez.
El 14 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, mediante su perfil en la red social Twitter, transmitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la comunicación oficial de la sede de la diplomacia estadounidense referida a la extradición del abogado.
SISTEMA JUDICIAL CONTROLADO
Los entrevistados hondureños consultados por Prensa Latina coinciden en que, pese a la existencia de pruebas en contra del exmandatario, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y hasta el propio fiscal general, Óscar Chinchilla, resultan instituciones y figuras claves seleccionadas por Hernández durante su gobierno.
Calificado como servil a los intereses del Partido Nacional, Chinchilla trasciende por su mutismo e indolencia frente a casos de corrupción o atentados contra la democracia, además de su apoyo a grupos de poder vinculados a la malversación de los fondos estatales. «Hernández seleccionó esos cargos a su favor, por ello jamás fue posible un requerimiento fiscal en su contra. De haber existido un aviso de ese tipo, el poder judicial lo hubiera desestimado por su compromiso con la línea del exmandatario», aseveró a Prensa Latina el pedagogo Juan López.
Para Alejandro Bonilla, miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) y excandidato a diputado, la consolidación en el poder de Hernández, luego de los comicios de 2013, supuso flagrantes violaciones a las leyes vigentes y la cooptación de los tres principales poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
En este sentido, refirió a Prensa Latina, el triunfo de Xiomara Castro el 28 de noviembre, determinó la conquista de la presidencia y una mayoría moderada en el Congreso Nacional, pero «la dictadura continúa con sus operaciones en el apartado judicial» y Chinchilla mantendrá su cargo hasta agosto de 2023.
«Debido a eso, nuestro país no cuenta con un sistema de justicia adecuado para procesar a ese ciudadano y carece de investigaciones en su contra, pese a la multiplicidad de delitos que se le imputan a nivel social e institucional. Por tanto, la mejor opción hasta el momento es la de extraditarlo a Estados Unidos», comentó.
Bonilla mencionó la existencia de innumerables pruebas vinculadas al narcotráfico, traición a la patria, violaciones a la Constitución, corrupción, fraudes electorales, responsabilidad en las masacres y represión a las protestas tras esos procesos comiciales y el robo de los fondos del seguro social.
El poeta, documentalista y educador popular Luis Méndez recordó cómo, durante 12 años, los gobiernos nacionalistas, las redes asociadas al crimen organizado y la narcopolítica se apoderaron de la institucionalidad hondureña y desde el control y la manipulación apuntalaron la impunidad del expresidente.
«Uno de sus crímenes más recientes fue la adquisición de hospitales móviles para el enfrentamiento a la pandemia Covid-19, mediante el empleo de millones de lempiras de los fondos públicos. Su inutilidad determinó que el pueblo los rebautizara como latas móviles», apuntó.
¿CUÁL ES EL INTERÉS DE ESTADOS UNIDOS?
A juicio de Bonilla, el pedido de extradición de la justicia estadounidense responde a un tema geopolítico pues «fue el gobierno de ese país que lo ayudó a convertirse en un dictador, al control de los poderes, a la imposición de una estrategia de sometimiento y a la instalación de un modelo neoliberal».
«Hoy ellos le dan la espalda», sentenció el joven militante de Libre, para quien la solicitud expedida por la embajada de Washington constituye un intento de blanqueo de su imagen ante la comunidad internacional y aclaró que su condición como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) no le concede impunidad frente a este tipo de acusaciones.
«Estados Unidos reacomoda sus piezas en el continente, ello implica un maquillaje en sus relaciones diplomáticas, militares y financieras. Las condiciones de pobreza y desigualdad social producto del neoliberalismo, promovido desde Washington, generaron el éxodo masivo de las poblaciones», señaló Juan López.
El ingeniero agrónomo Mario Moradel aludió a la doble moral de la administración de Joe Biden, pues mientras JOH, como se le conoce en su país, era presidente nunca se habló de extradición.
«Es una guerra entre carteles por el control del mercado de la cocaína y la eliminación de la competencia. El cambio de gobierno lo sepultó. Él y su grupo creyeron que iban a continuar con el mando del país. Realizaron mal los cálculos políticos y confiaron en la protección de Estados Unidos, que dice no tener amigos ni enemigos, solo intereses», aseguró a Prensa Latina.
Sumado a ello, indicó René Hernández, excandidato suplente a diputado por Libre y militante de la organización Los Necios, la decisión pudiera incluir al también ex mandatario Porfirio Lobo, a quien en 2021 se le negó la entrada a territorio estadounidense, bajo el argumento de haber recibido sobornos de narcotraficantes.
Fabio Lobo, su hijo, responde desde 2017 por una sentencia de 24 años de cárcel más cinco en libertad condicional, acusado de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y culpado por el uso del cargo de su padre y sus propias conexiones para unir a los traficantes con policías y funcionarios públicos corruptos.
De acuerdo con el analista, Hernández sirvió de lacayo a la estrategia internacional asumida por la Casa Blanca y como fuerza contraria a los procesos de Venezuela y Cuba; «si bien ahora le retiraron el apoyo y deciden juzgarlo, en consonancia con su postura histórica de hacer y deshacer en el área».
Washington saca los cálculos en dependencia de sus propósitos, advirtió Luis Méndez, «no le importa si perdemos el sentido de la democracia; si existe violencia estructural, muertes, criminalización o debamos pagar el precio de contar con narcotraficantes en el gobierno».
Al final, manifestó, Estados Unidos, como cómplice del fenómeno social, se queda con la droga, los recursos invertidos por los delincuentes y deja en las otras naciones crisis económica, pobreza y profundización de la arbitrariedad.
¿PÉRDIDA DE LA SOBERANÍA NACIONAL?
La situación del expresidente hondureño respecto a su ilegitimidad nacional e internacional era un secreto a voces, según René Hernández, incluso, cuando pronunciaba discursos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) casi nadie lo escuchaba y algunos mandatarios evitaban tomarse fotos con él.
«El proceso de extradición será efectivo y ambos países cuentan con los mecanismos para llevarlo a cabo. Lamentablemente, estamos en una contradicción entre la felicidad de que por fin se lo llevan y el reconocimiento a esa nación como nuestra salvadora porque carecemos de mecanismos propios de justicia», explicó.
Méndez también planteó esa dicotomía entre el alivio con la salida del exmandatario por todo el daño causado desde el punto de vista social, económico y político y la pérdida de la soberanía nacional y la capacidad de resolver los asuntos internos desde la independencia y la autodeterminación.
«La llegada de Xiomara Castro al poder, luego de la salida de los golpistas, con sus propuestas de refundación y transformación, supondrá más adelante la existencia de instituciones de justicia dignas, éticas y responsables. Sobre todo, estar alertas frente al proyecto expansivo de Estados Unidos», auguró.
