El organismo, que controla las finanzas de esta isla del Caribe de 3,2 millones de habitantes, afirmó que por décadas sus gobiernos han mantenido una mala administración financiera al prometer demasiado y no cumplir con el pueblo.
“Se han hecho promesas en diferentes administraciones y partidos políticos, promesas sin cumplir por la incapacidad del gobierno de conseguir el financiamiento necesario”, expuso la JSF en referencia al Partido Nuevo Progresista (PNP) y al Partido Popular Democrático (PPD).
El planteamiento surge cuando los reclamos por un salario justo y retiro digno de los empleados públicos, dominan el escenario con diferentes manifestaciones en las calles y comienzan a percolar en el ámbito laboral privado.
Para la Junta, la mala administración condujo a la crisis financiera, razón por la que se adoptó la Ley Promesa hace más de cinco años, por lo que el pueblo de Puerto Rico ha pagado el mayor precio y merece más de sus funcionarios electos.
“Se excedían en los gastos y se endeudaban de más, no solo con los bonistas, sino también con los proveedores locales, los empleados y los retirados”, precisó la JSF en una reacción tras el gobernante puertorriqueño Pedro R. Pierluisi, del PNP, rechazar expresiones de Andrew Biggs, uno de sus miembros.
La JSF —integrada por siete miembros y un costoso aparato operacional— apuntó que previo a la Ley Promesa y su establecimiento, los gobiernos de Puerto Rico sobrestimaban los ingresos.
De este modo, “acumularon más de 72 mil millones de dólares de deuda, sin construir un Puerto Rico robusto con una educación excelente, una infraestructura impecable, carreteras bien mantenidas, electricidad fiable y una economía próspera con oportunidades para su pueblo”.
A pesar de que en la práctica no ha actuado en beneficio del pueblo, la JSF destacó que de este modo los gobernantes causaron “estragos injustificados” en la vida de los puertorriqueños, además de permitir la quiebra de los sistemas públicos de pensiones del país.
Esta inusual reacción del organismo, surgió porque el gobernador Pierluisi criticó expresiones de Biggs en un foro en la estadounidense Universidad de Harvard, en las que puso en entredicho la capacidad de los políticos isleños para salir de la crisis.
Pierluisi, quien fuera abogado de la JSF, sostuvo que los planteamientos de Biggs “demuestran desdén y desprecio hacia nuestro pueblo y nuestros servidores”, por lo que deben ser rechazadas por todos.
El mandatario boricua reveló que “Biggs lideró infructuosamente los propuestos recortes a la pensiones públicas, poniendo en riesgo la calidad de vida de decenas de miles de retirados en la Isla”.
“También se ha opuesto a los aumentos salariales a los servidores públicos, obviando que no han tenido alzas en su compensación en casi dos décadas, (además) ha insistido en reducir los beneficios marginales de nuestra fuerza trabajadora, tanto en el sector público como en el privado”, dijo Pierluisi.
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