Bai estimó que sus promotores se equivocaron al evitar mencionar en el borrador original otros temas sensibles como la atención a la primera infancia, la discapacidad y el Sistema de Cuidados, establecido por el precedente gobierno del Frente Amplio.
Solo pusieron el acento en la sostenibilidad económico financiera, pero sin que se pudiera discutir de los ingresos y de los sectores en condiciones de contribuir más y menos, detalló el integrante del Instituto académico Cuesta Duarte de la Central sindical Pit-Cnt.
“La discusión a la que se nos invitó a participar se limitó a cómo se baja el gasto, o sea, cómo se recortan beneficios, derechos y prestaciones”, relató en referencia a una Comisión de expertos para elaborar recomendaciones, creada a finales de 2020.
El Poder Ejecutivo tenía previsto llevar su propuesta previsional al Parlamento donde goza de una ceñida mayoría de partidos de coalición de derecha que lo aprobara, en el segundo semestre de 2021.
Pero en julio de ese año la Comisión Pro referendo revocatorio de 135 artículos de la LUC, contra pronósticos oficialistas, recolectó 800 mil firmas para habilitar la consulta popular en marzo venidero.
“Como es una discusión muy antipática, muy antipopular, que le genera costos políticos al gobierno, entonces parece obvio que el Poder Ejecutivo decidió postergarla para después del referendo”, declaró el especialista a la revista Caras y Caretas. En su opinión por ese principal motivo “no se habló nunca más de la reforma de la seguridad social” y además “se esquiva el bulto y la incertidumbre le hace mucho mal a la población”.
La comisión de expertos aprobó por mayoría en un documento, la necesidad “imperiosa e inevitable” de subir la edad de retiro para los que hoy tienen el entorno de 50 años, lo que en su investidura el presidente Luis Lacalle Pou prometió que nunca ocurriría, y tendrá que explicar el 1 marzo en el segundo aniversario, apuntó Bai.
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