Los medios de comunicación locales de Myanmar señalan que la Junta tiene una nueva delegación encabezada por Ko Ko Hlaing, ministro de Cooperación Internacional; y Thida Oo, fiscal general, que asistirá al juicio.
Suu Kyi presentó personalmente los argumentos de Myanmar en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) cuando el caso se vio por primera vez en diciembre de 2019, pero está bajo arresto domiciliario desde el pasado año.
En sus «objeciones preliminares», Myanmar argumentará que el tribunal no tiene jurisdicción sobre el caso, y debe desecharlo antes de pasar a las audiencias de fondo.
El tema fue presentado por Gambia, de población mayoritariamente musulmana, que acusa a Myanmar, predominantemente budista, de genocidio contra la minoría rohingyá, en 2017.
La CIJ dictó en enero de 2020 una orden provisional, por la cual Myanmar debe tomar «todas las medidas» para evitar que se repita la situación mientras continúe el proceso, que durará años.
Alrededor de 850 mil rohingyá languidecen en campamentos de la vecina Bangladesh, mientras que otros 600 mil permanecen en el estado suroccidental de Rakhine, en Myanmar.
El caso de los rohingyá en la CIJ se ha complicado por el golpe de Estado que derrocó a Suu Kyi y a su Gobierno, y que desencadenó protestas masivas y una sangrienta represión.
Antes de la audiencia, el «Gobierno de Unidad Nacional» en la sombra declaró que es la derrocada Liga Nacional para la Democracia y no la Junta «el representante adecuado de Myanmar ante la CIJ en este caso».
mgt/lp
