Los defensores alegaron para el receso por cinco días que no recibieron completamente el voluminoso expediente en el plazo establecido, pero el Tercer Juzgado Penal Nacional descartó la suspensión porque los abogados pudieron acceder por Internet a la documentación y a incorporaciones recientes.
La audiencia, virtual por restricciones determinadas por la pandemia de Covid-19, comenzó con la identificación de los acusados, entre los cuales la fiscalía pide penas de 26 años y seis meses de cárcel para Heredia, y de 25 años para Humala.
El proceso está referido al lavado de presuntos aportes electorales ocultos de Brasil y Venezuela, según la fiscalía, que presenta como pruebas declaraciones de ejecutivos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS y reportes de testigos acerca de supuestos aportes venezolanos.
La nómina de acusados incluye a la madre de Heredia, Antonia Alarcón; su hermano, Ilian Heredia, y su amiga de la infancia Rocío Calderón, así como el exparlamentario Santiago Gastañadui, dirigente del Partido Nacionalista (PN) que lidera Humala, y que está incluido en el proceso como grupo creado con fines delictivos, según la Fiscalía.
Dicha autoridad pide su disolución, lo que ya ocurrió, según la defensa de Gastañadui, por no obtener en los comicios de 2021 el mínimo de votos exigido para su vigencia.
También son acusados el empresario Martín Belaunde, exactivista electoral de Humala, así como Todo Graph, empresa que, según el fiscal del caso, Germán Juárez, dio dinero ilegal y hay otros cuatro imputados de menor relieve.
Las investigaciones de la Fiscalía comenzaron con una indagación preliminar por presunto desbalance patrimonial (gastos mayores a los ingresos) de Nadine Heredia, en pleno gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y la pesquisa fue archivada sin cargos.
La investigación se reabrió en 2015, bajo fuerte presión mediática y llevó a prisión preventiva a Humala y Heredia entre julio de 2017 y abril de 2018, medida considerada ilegal por el Tribunal Constitucional, que la anuló.
El juicio iniciado hoy es el primero de varios casos de entregas ocultas de dinero, reconocidos por empresas brasileñas, también a favor de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
García se suicidó en abril de 2019, cuando un fiscal ingresó a su casa a detenerlo; Toledo espera su extradición desde Estados Unidos -por recibir más de 30 millones de dólares en sobornos de empresas brasileñas- y Kuczynski es investigado en libertad condicional.
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