El tribunal superior de Osaka (centro-sur) revocó una decisión de un ente legislativo inferior y ordenó al gobierno que pague un total de 27,5 millones de yenes (unos 100 mil dólares) a los tres demandantes, que tienen entre 70 y 80 años.
La entidad judicial describió como “inhumana” la ley, diseñada para evitar el nacimiento de «niños inferiores» y que fue abolida en 1996.
El Ministerio de Salud revisará el caso antes de decidir si apelar, dijeron funcionarios del gobierno.
Casos similares fueron consideradas anteriormente como inconstitucionales, pero se habían rechazado las reclamaciones por daños y perjuicios, porque el plazo de prescripción de 20 años había expirado.
Esta misma demanda fue desestimada por un tribunal inferior en 2020, un fallo que el juez del tribunal superior de Osaka dijo hoy que “viola gravemente el espíritu de justicia y equidad”.
El gobierno de Japón se disculpó y otorgó una compensación a miles de personas en 2019, pero los abogados de las víctimas dijeron que la oferta económica no reflejaba el sufrimiento que habían experimentado las víctimas.
Hasta la fecha, el gobierno ha compensado a menos de mil víctimas bajo el esquema, según la agencia de noticias Kyodo.
Saburo Kita, representante de un grupo de víctimas y sus familias, declaró a Kyodo que sus vidas fueron completamente destruidas.
Esto no se trata de dinero. Con este veredicto, quiero que el gobierno se incline frente a todas las víctimas y se disculpe, expresó.
Entre 1948 y 1996, unas 16 mil 500 personas, en su mayoría mujeres con discapacidad, fueron operadas sin su consentimiento en virtud de la ley, cuyo objetivo era “prevenir el nacimiento de descendencia de mala calidad y proteger la vida y la salud de la madre”.
Unas ocho mil personas más dieron su consentimiento, se estima que bajo presión, mientras que casi 60 mil mujeres abortaron debido a enfermedades hereditarias, según informes de los medios.
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