La normativa pretende fomentar el intercambio teniendo en cuenta que a nivel global en 2025 habrá 175 zettabytes (175 billones de gigabytes).
La aprobación de una Ley de Datos permitiría que un mayor número de actores se beneficien del valor generado por los mismos.
Además, protegería a las pequeñas y medianas empresas ante las cláusulas abusivas impuestas por las grandes compañías y regularía el acceso del sector público a ellos en situaciones de emergencia.
Esa propuesta también obligaría a las empresas privadas a ceder gratuitamente a las administraciones públicas los datos para afrontar emergencias como incendios, inundaciones o la pandemia de Covid-19.
En ese caso, las entidades podrían solicitar una compensación económica a las administraciones por darles el acceso a la información cedida bajo las condiciones del Reglamento General de Protección de Datos.
Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión para la Era Digital, Margrethe Vestager señaló que la nueva legislación otorgaría a los consumidores y las empresas más control sobre lo que se puede hacer con sus datos.
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