El panorama se refleja en la portada del tabloide de extrema derecha “La Razón”, que proclama con júbilo inocultable que “Se acabó la tregua”, acordada la semana pasada por la conservadora presidenta del Parlamento, Maricarmen Alva, y el vocero del partido gobernante, Perú Libre, Waldemar Cerrón.
Una encuesta privada encargada por el portal Lampedia, que agrupa a empresarios y periodistas de extrema derecha, indica que 57 por ciento de los encuestados opinan que es mejor que Castillo deje la Presidencia y 40 por ciento plantea que siga en el cargo.
En Lima, quienes son partidarios del cese de Castillo alcanzar el mayor porcentaje respecto al resto del país, con 71 por ciento, frente a 26 por ciento que se inclina por su continuidad y en el sur del país, un bastión progresista, 61 por ciento está a favor del mandatario y 35 por ciento en contra.
El sondeo indica además que 70 por ciento de los entrevistados no confía en el jefe de Estado y solo 27 por ciento confía en él; mientras 52 por ciento creen que el gobernante está involucrado en presuntos actos de corrupción y 38 por ciento piensa lo contrario.
Al mismo tiempo, el Parlamento, donde se anunció el 16 de febrero, el ambiente dista mucho de una tregua, planteada como un espacio y cese de hostilidades y reflexión en aras del consenso y la gobernabilidad, con miras a la ratificación parlamentaria del nuevo gabinete ministerial, hoy en duda.
Los partidos de extrema derecha Fuerza Popular, Renovación. Popular y Avanza País, al igual que Alianza para el Progreso, que oscila entre ese bloque y el centro, exigen el cambio previo de varios ministros como condición para la ratificación, a lo que el Ejecutivo se niega.
Además, bancadas de oposición acordaron interpelar en el Congreso, con miras a censurarlos (destituirlos), a los polémicos ministros de Salud, Hernán Condori; Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y Justicia, Ángel Yldefonso.
A ello se agrega duros ataques de medios de prensa afines a la oposición y legisladores de esta, al nuevo primer ministro, Aníbal Torres, porque una funcionaria a su mando pero opositora, lo acusa de negarse por razones políticas a contratar publicidad con órganos del mayor grupo mediático del país, del conservador diario El Comercio.
Por otra parte, la legisladora de extrema derecha Patricia Chirinos anunció una nueva acusación constitucional contra Castillo, con el fin de suspenderlo como presidente y dijo que hay otras opciones para destituirlo.
La agónica tregua sufrió el mismo día de su anuncio el rechazo de la extrema derecha, uno de cuyos voceros dijo que sería solo temporal y después seguiría la lucha contra Castillo.
Además, el partido gobernante, Perú Libre, contra lo pactado para la tregua, se negó a retirar una denuncia de conspiración contra la presidenta del Congreso y una moción para su destitución.
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