El presidente de esa organización, Qadura Fares, afirmó que el objetivo de la jornada de protestas es enviar un mensaje a claro al Gobierno de Tel Aviv para reclamar el fin a las medidas punitivas contra los reclusos.
De forma paralela, numerosos presos palestinos realizarán una huelga de hambre de 24 horas.
La tensión en los centros penitenciarios escaló desde septiembre de 2021, tras la fuga de seis palestinos de la norteña prisión de máxima seguridad de Gilboa.
Aunque fueron atrapados tras una masiva cacería, los funcionarios de Tel Aviv aplicaron numerosas medidas punitivas contra el resto de los detenidos como prohibiciones de visitas y la reducción del tiempo en el patio, lo cual provocó enfrentamientos y huelgas.
Luego de semanas de choques, se lograron acuerdos entre las partes, pero la decisión del Servicio Penitenciario israelí de incumplirlos provocó una nueva ola de protestas, que incluye la negativa a ponerse de pie en el pase de revista en las mañanas, la devolución de las comidas y la negativa a salir al patio.
Como parte de esas acciones, desde el 1 de enero unos 500 detenidos mantienen un boicot a los tribunales militares israelíes, en rechazo a su reclusión bajo la polémica política de detención administrativa.
Criticada por la ONU y grupos de derechos humanos, la llamada detención administrativa es utilizada por Israel para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos reclusos inician huelgas de hambre indefinida para denunciar su caso y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
El tema de los presos es muy sensible en la franja de Gaza y Cisjordania, pues según fuentes oficiales, un 40 por ciento de los hombres que viven en los territorios ocupados fueron detenidos por las tropas de Tel Aviv en algún momento de sus vidas.
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