La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), cuyo jefe es el experto Ricardo Soberón, planteó como objetivo un compromiso construido entre el Estado y la sociedad civil de la región andino–amazónica y con derechos y deberes recíprocos.
Un informe del organismo precisa que el pacto será prioritariamente con los pueblos originarios y los productores agrarios, para que “reduzcan voluntariamente los cultivos de coca con fines ilícitos a cambio de servicios oportunos de parte del Estado».
Añade que el pacto es necesario ante “el fracaso de la disminución forzosa de cultivos de coca y en la falta de articulación intergubernamental entre las diferentes instituciones del Estado en las acciones contra el tráfico de drogas”.
Según Devida, entre 2016 y 2020, la erradicación forzosa eliminó 113 mil hectáreas y destruyó tres mil 873 pozas de maceración de hoja de coca, primera fase de la producción de cocaína, y mil 900 laboratorios de producción de droga.
Sin embargo, la extensión de las plantaciones aumentó en el mismo lapso en 41 por ciento, de 43 mil 900 hectáreas, a 61 mil hectáreas.
El informe agrega que en los últimos gobiernos los cultivos ilícitos se trasladaron de las áreas de erradicación a zonas fronterizas con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, a consecuencia de la demanda mundial de cocaína.
El pacto planteado prevé fortalecer el desarrollo alternativo (cambio de producción) y focalizar la disminución de cultivos ilícitos de manera gradual y sostenible y un régimen de control más efectivo de la producción, acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca legal, actualmente en crisis.
Según cifras oficiales, cinco millones 900 mil peruanos consumen coca, sorbiendo el jugo de la hoja y en infusión, lo cual representa una demanda legal de 12 mil toneladas anuales, es decir ocho por ciento de la producción total.
Devida señala que el consumo de cocaína se concentra en 80 por ciento en Europa y el resto en su mayoría en Estados Unidos, por lo que es necesario impulsar a nivel internacional una perspectiva de responsabilidad común y compartida para enfrentar el narcotráfico generado por la demanda.
El Gobierno peruano, agrega el informe, se compromete a luchar contra el problema mundial de las drogas porque, junto a otros países andinos, se ve afectado por la presión externa que ocasiona la demanda global de cocaína, una grave amenaza para el Estado.
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