A más de un mes de no poder realizar su actividad de subsistencia, la pesca, dos grupos de cientos de manifestantes se concentraron frente a la refinería de La Pampilla, de Repsol, que era abastecida de crudo cuando se produjo el derrame de 11 mil 900 barriles el pasado 15 de enero, y ante el Ministerio del Ambiente.
Llevaban carteles de repudio contra la empresa española, en los que reclamaban que esta los indemnice por el daño que sufre cada pescador, que estimaron en más de 130 dólares diarios cada uno.
Los pescadores de Ancón, caleta y playa del norte de Lima, se concentraron frente a la refinería La Pampilla y exigieron que la empresa asuma sus obligaciones como responsable del derrame y los indemnice por el dinero que dejan de ganar durante más de un mes.
Los manifestantes pertenecen a la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón y señalaron que, pese al tiempo transcurrido, la empresa no termina la limpieza de las orillas del mar hasta las que llegó el petróleo derramado.
Denunciaron que Repsol les pagó un vale de compra de alimentos de 500 soles (aproximadamente 130 dólares), suma que no es suficiente, teniendo en cuenta el costo de vida de Lima.
Exigieron, además, apoyo del Gobierno para que obligue a Repsol a terminar la limpieza de las playas, las manchas de crudo del mar y parte del petróleo hundido en el fondo del mar.
Los pescadores de la provincia de Chancay, por su parte, se concentraron con similar demanda frente al Ministerio del Ambiente, al que exigieron que declare estado de emergencia en las playas de la zona, donde no hay operaciones de limpieza, según dijeron.
En ambas protestas participaron también comerciantes de productos marinos y dueños de restaurantes del rubro marino, que también perdieron sus fuentes de sustento por el derrame.
El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, por su parte, declaró ayer que la Procuraduría del Estado demandará a Repsol resarcimiento a las poblaciones afectadas por la pérdida sufrida por el derrame, y al Estado peruano por lo que gasta en recuperar espacios contaminados por el petróleo.
Montoya añadió que la empresa hispana incumple las disposiciones de las autoridades ambientales para el manejo de la peor catástrofe ambiental de la historia peruana, por lo que acumula multas que pueden llegar a un total de 304 millones de soles (80 millones de dólares).
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