El lunes último, la Corte Constitucional concluyó que la conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006.
Dicha sentencia, que en su momento fue también considerada un logro, despenaliza parcialmente el aborto en tres casos específicos: acceso carnal violento o acto sexual abusivo, malformación del feto que le impida vivir óptimamente fuera del vientre y riesgo para la vida de la madre.
La Corte exhortó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral.
Esa política debe incluir las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso con el fin de evitar los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, y a su vez, proteger el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías.
Además, debe contener, como mínimo, la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, entre otras.
Esta semana, en medio de la campaña electoral con miras las elecciones legislativas del 13 de marzo y presidenciales del 29 de mayo, la violencia y el hostigamiento contra sectores contendientes de izquierda siguió agudizándose.
Tal realidad se aprecia tanto en el asesinato de excombatientes y militantes del partido Comunes, como de una campaña electoral estigmatizadora contra el Partido Comunista Colombiano por parte del oficialista Centro Democrático.
Ayer, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y países garantes del Acuerdo de Paz en Colombia rechazaron el asesinato del exguerrillero colombiano en proceso de reincorporación Jorge Santofimio, así como de otros exguerrilleros.
En tal sentido, la ONU condenó el hecho y reiteró su preocupación por la seguridad de quienes apuestan a la paz en esta nación suramericana.
Por su parte, Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (país junto a Noruega garante del proceso de paz en Colombia), reiteró su preocupación por el incumplimiento de las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo Final de Paz.
Asimismo, la embajada de Noruega en Colombia, de igual forma, condenó este crimen contra el líder de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común en el departamento de Putumayo y señaló que en el mismo atentado resultaron heridos tres menores de edad.
«Es urgente que el gobierno nacional garantice la protección de los firmantes de la paz. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias», manifestó la embajada del país garante del histórico pacto alcanzado en La Habana, entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el gobierno en 2016.
De acuerdo con datos del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz, con Jorge Santofimio suman seis los exguerrilleros asesinados en lo que va de 2022, y 305 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 a la fecha.
En este escenario, el Consejo Político Nacional de Comunes denunció «la existencia de un plan para entorpecer e impedir» su participación en el proceso electoral en marcha.
«Estos atentados contra la paz tienen como telón de fondo una campaña de estigmatización originada en el propio gobierno nacional, empeñado en posicionar la idea de supuestos incumplimientos de lo pactado por parte de los exguerrilleros», recalcó Comunes.
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