Según el decreto suscrito por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la normativa solo entrará en vigor en febrero de 2023 para “cambiar la visión tradicional que se tiene de la naturaleza como objeto para explotar y satisfacer las necesidades humanas, a sujeto de derechos que se deben proteger”.
La medida reconoce los llamados derechos de la naturaleza y las obligaciones del Estado en relación con estos, tal y como se hace, por ejemplo, con corporaciones o personas jurídicas.
Esto implicaría, agrega ese texto, que cualquier persona, en nombre del nuevo ente jurídico, demande protección o restauración.
La nueva legislación enumera derechos mínimos, entre ellos a existir, persistir y regenerar ciclos vitales como los del agua y el aire; a la diversidad de la vida, de los seres y elementos que la componen; a la restauración oportuna y efectiva de los ecosistemas afectados por actividades humanas; y a la existencia de libre contaminación.
En enero de este año, representantes del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería categorizó de inconstitucional el más reciente contrato del Ejecutivo con Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum Mineral (FQM).
En un documento circulado a la prensa precisan que la negociación iniciada desde septiembre del 2021 fue irregular y que los avances son minúsculos en materia ambiental y laboral.
Afirman que el Gobierno no toma en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró el anterior contrato con Minera Panamá como inconstitucional.
El Ejecutivo “ha demostrado una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la ley, así como de los derechos fundamentales que esta consagra”, declara la nota.
La mina de Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, es la inversión privada más grande del país, con seis mil 700 millones de dólares y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos.
Para el grupo ambientalista, ese pacto desconoce la inmensa riqueza natural y cultural que se destruye en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad de toda la región.
Argumentan que hasta la fecha se acumulan 295 accidentes ambientales en tres años dentro de esta área.
Declaran además que esta negociación en un área sin consultar a los moradores, “desconoce la voluntad de los panameños, que rechazan la minería a cielo abierto y no quieren empeñar sus ríos y bosques”.
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