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Investigan en Uruguay denunciado acuerdo con transnacional

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Montevideo, 28 feb (Prensa Latina) La fiscalía de Uruguay avanza hoy en la investigación de la denuncia penal por el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la multinacional Katoen Natie (KN) por la concesión privilegiada del puerto de Montevideo.
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Lo pactado el 25 de febrero de 2021 generó que la bancada legislativa del Frente Amplio convocara meses después a la comparecencia del entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, para explicar un arreglo calificado como entrega de soberanía.

Bajo sus términos la empresa de asiento belga obtuvo por 60 años el 80 por ciento de la Terminal Cuenta del Plata (TCP), gestora de contenedores, sin someterlo al previo conocimiento del Parlamento dada la envergadura de tal operación.

Tras una polémica sesión con interrogantes sin despejar, senadores frenteamplistas presentaron una denuncia formal contra el gobierno de tener un accionar “arbitrario, abusivo y fuera de la ley que produjo un beneficio indebido para la transnacional”.

La acusación mencionó directamente a Heber, el subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola, al presidente de la Administración Nacional del Puerto, Juan Curbelo, y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, lo cual confirmó la gravedad de las observaciones y sus diversas implicaciones.

En favor de este proceso, un reciente informe de abogados del Tribunal de Cuentas señala que dicho acuerdo “es objetable en cuanto a su regularidad jurídica, ya que no tuvo en cuenta la tutela del interés general y “configura una suerte de monopolio de hecho o monopolio natural”.

Además, se afirma que el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), actuó sin el respaldo del directorio, por lo que incumplió la normativa vigente en materia de representación del organismo.

Dentro de unos días el fiscal de la causa citará a los acusadores y avanzará en la indagatoria que ya comenzó sobre la negociación entre el gobierno y el principal accionista de la TCP.

Rodríguez ya envió un oficio a la ANP para que se le entregue, en un plazo de 10 días, toda la documentación que obre en los expedientes que sustentan el proceso de negociación entre el gobierno y la empresa.

La fuerza política opositora criticó la falta de dictámenes previos de asesores jurídicos en un proceso realizado a espaldas del Poder Legislativo y desconocimiento de la opinión pública.

jf/hr

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