De acuerdo con el noticiero de la televisión cubana, los acusados contaron con las garantías que ofrece el sistema judicial y las leyes de la isla, incluyendo el acceso temprano a un abogado de la defensa.
Los peritos demostraron la implicación de cada uno de los acusados mediante el uso de técnicas especializadas y comparativas que permitieron ubicar en el lugar a los involucrados, explicó el reporte.
En otro momento, abogados de la defensa explicaron que actuaron con el apoyo del sistema judicial, tuvieron acceso en todo el momento al detenido y a las pruebas recopiladas durante la instrucción para establecer una estrategia en el tribunal.
Entre ellos, el jurista Enois Reyes, aseguró que los familiares de los detenidos pudieron evidenciar la transparencia y legalidad del proceso.
El Fiscal Provincial en Holguín, Fernando Sera, subrayó el carácter extremadamente violento de los hechos acontecidos aquel día contra instituciones del Estado y ciudadanos.
Además, comentó que la fiscalía decidió modificar la solicitud de sanciones que se le hacían a ocho de los acusados cuyas edades estaban entre 16 y 18 años de edad.
Imputados mostraron en el reporte su arrepentimiento por la participación en las acciones de desorden público, peligrosidad y violencia.
Cuba presentó pruebas de que los disturbios fueron resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos en los que el país afrontaba una compleja situación por la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington.
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