El funcionario indicó que cuatro millones 440 mil 813 personas sufragaron por introducir los cambios, mientras 686 mil 165, el 12,6 por ciento de los asistentes a las urnas, no estuvieron de acuerdo.
Antes informó que en el referendo participó el 78,63 por ciento de los más de 6,8 millones de inscritos en las actas, para quienes el país abrió cinco mil 510 colegios electorales, en tanto el 42,93 por ciento de los belarusos con posibilidad de votar ejercieron su derecho de manera anticipada.
La CEC tiene previsto celebrar una sesión el 3 de marzo para anunciar los resultados finales del referéndum, agregó.
La boleta electoral solo contuvo una pregunta: ¿Acepta las enmiendas y adiciones a la Constitución de la República de Belarús?, con dos casillas para marcar sí o no.
Para aprobar modificaciones y complementaciones de la Constitución belarusa es necesario que la mayoría de los ciudadanos inscritos en el censo electoral voten a favor, por lo que las cifras alcanzadas dan el visto bueno a las enmiendas.
El anteproyecto de la carta magna modificada fue redactado por la Comisión Constitucional que comenzó su labor en marzo de 2021 y, entre varios puntos, las enmiendas prevén la limitación a dos mandatos consecutivos de cinco años la permanencia en el cargo de presidente de Belarús.
También establecen que ningún exmandatario será procesado por acciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Otros cambios están relacionados con la preservación de la identidad y la soberanía nacional, las tradiciones culturales y espirituales, y con la protección de la verdad histórica, la memoria de la Gran Guerra Patria y el heroísmo del pueblo, así como la enseñanza de los ideales patrióticos.
Las enmiendas proponen la creación de las condiciones para la protección de los datos personales y la garantía de la seguridad de la persona y la sociedad en su uso, así como la exclusión de la agresión militar del país contra otros, lo que otorga a Belarús el estatuto de Estado con una política exterior pacífica.
Otra propuesta promueve el fortalecimiento de la responsabilidad del Estado para el desarrollo de la energía nuclear pacífica, así como para garantizar la seguridad en la producción y el uso de esa.
jf/mml
